Atendiendo al grave problema del maltrato infantil que se registra en el país, y a la vista de cifras alarmantes al respecto, el diputado Simón Hernández presentó en la Cámara Baja nacional un proyecto de Ley para que se reglamente el Régimen Penal del Maltrato de Menores.
No obstante considerar que el número de niños maltratados es preocupante y además va en crecimiento de acuerdo a las denuncias que se reciben tanto en escuelas como en hospitales, Hernández estima que no reflejan -incluso- la realidad, puesto que“son pocos los que se atreven a hacerla en forma particular por miedo, temor y vergüenza”
A partir de esta realidad el legislador promueve la modificación del Código Penal mediante un proyecto de ley que actualmente se encuentra en estudio en la Comisión de Legislación Penal y Familia, en el que solicita que“se reprima con prisión de un mes a un año, al que maltrate física o psíquicamente a un menor de dieciocho años, siempre que el hecho no importe un delito más severamente penado”, y que recaiga sobre aquellas personas que cometan“casos especiales de maltrato”tales como: Inducir u obligar a mendigar; a desarrollar cualquier tipo de actividad riesgosa para su salud física o mental; como asimismo para los que abusen económica o laboralmente de un menor de dieciocho años.
También establece que en el caso de que los hechos mencionados produzcan de manera“concurrente”, la pena se elevará a los dos años de prisión. Cuando se trate de un funcionario, empleado o profesional, del sector público o privado, de las áreas de salud, educación, seguridad y acción social que ejerciendo su función o actividad, tome conocimiento de un delito de esta naturaleza y no lo denuncie a la autoridad competente, el proyecto contempla una multa de ciento cincuenta a dos mil pesos.
Por otra parte, en el articulado del proyecto se solicita que se deroguen todas las normas existentes que se oponga a esta iniciativa, a la vez que sea incorporado al Código Penal.
El diputado Simón Hernández, en coherencia con la línea de trabajo que emprendió en su labor legislativa, elaboró un concienzudo informe en el que fundamenta la necesidad de regular el aspecto penal de aquellas conductas que, por medio de la utilización de violencia física o psicológica y muchas veces abusando de la autoridad que se tiene respecto de la persona de un menor, vulneran derechos elementales de los niños, como el de gozar de una vida digna que les permita un adecuado desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Derechos que, por otra parte, se encuentran contemplados en la Convención de los Derechos del Niño, y los cuales gozan de jerarquía constitucional.
El legislador explicó a este medio, que“a pesar de tratarse de un flagelo social de larga data”no se cuenta con normas que penalicen debidamente el maltrato de menores, ya que si bien la Ley Nacional de Patronato de Menores hace referencia al mismo, sólo sanciona si fue cometido por los padres, tutores o guardadores del niño, quedando por lo tanto fuera del ámbito de aplicación el maltrato cometido por otros familiares, tales como hermanos mayores, tíos, etc., o el cometido por personas ajenas al núcleo familiar.
Respecto a la obligación de informar la comisión del maltrato a un menor por parte del funcionario, empleado o profesional -que incorporó a través de este proyecto- argumentó que“es necesaria a fin de que la justicia pueda perseguir éstas conductas, que por lo general no llegan a ella por cometerse mayormente en el ámbito privado del seno familiar y ser mantenidas en secreto por temor o vergüenza”
Programa preventivo Paralelamente, y mediante un proyecto de Declaración presentado recientemente en la Cámara de Diputados de la Nación, el legislador propone que el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación, promueva un Programa de Prevención sobre Maltrato Infantil, en los niveles educativos de enseñanza primaria y secundaria, porque“los menores deben saber y conocer que los adultos que quieran abusar de ellos de cualquier forma no tienen derecho a hacerlo y por lo tanto deben ser castigados por ello” El diputado Simón Hernández en los fundamentos de la Declaración da cuenta de los perjuicios tanto físicos como psíquicos que puede ocasionar el maltrato a los menores, e indica que pensó en la escuela como uno de los ámbitos apropiados para desarrollar el programa dado que a ella acuden la gran mayoría de los niños de la sociedad. Infelicidad en la penumbra Otras de las aristas preocupantes con relación al maltrato infantil, es el hecho de que existan aún tabúes que impiden la correspondiente denuncia de los casos. En este sentido, Simón Hernández opina que“es indudable que el maltrato del niño permanece generalmente en la penumbra, por la creencia muy arraizada en nuestra sociedad respecto a que nadie debe inmiscuirse en el espacio íntimo de la familia, y de esta manera muchas veces transcurren episodios aberrantes por largos años que sólo son interrumpidos cuando la propia víctima o un tercero logran sacarlo a la luz”“Así, el respeto por la privacidad que es legítimo se convierte en injusto, cuando implica pasividad y ocultamiento de situaciones de violencia”, afirma.
El proyecto también contempla que se capacite a los docentes sobre maltrato infantil y los derechos del niño, e invita a los entes legislativos de las provincias argentinas a adherir al programa para que puedan ser aplicados en sus respectivas jurisdicciones en virtud de“lo imperioso de tratar de erradicar la violencia en el seno familiar y poder proteger a los miembros más vulnerables como son los niños”
"La violencia familiar engendra hombres violentos”
"El fenómeno de la violencia familiar, antes oculto a la mirada pública, es en la actualidad un problema social, ya que se lesiona los derechos humanos a la vida, a la integridad psicofísica, y a la dignidad”, afirma, porque entiende que“el modo en que los niños aprenden el modelo de convivencia basado en el uso de la coerción como estrategia de dominación, daña la formación de las futuras generaciones ya que engendra hombres violentos, constituyendo una comprobación avalada por numerosas investigaciones, que una alta proporción de autores de atentados a la integridad personal han sido víctimas de malos tratos durante su infancia”
Para el legislador, también resulta paradójico que“la violencia se ejerza precisamente en el lugar donde uno espera una mayor comprensión, afecto y ayuda”, y que“de ser un lugar de apoyo, la familia se transforme en un campo de batalla que perturba sus funciones de soporte emocional, protección y adecuada formación de los hijos”
“Si para la humanidad constituye un logro esencial la eliminación de la violencia en las relaciones entre las Naciones, cuánto más fuerte debe ser este anhelo en el núcleo íntimo donde el compromiso afectivo adquiere mayor intensidad”, conjetura, porque considera que“con frecuencia el hogar es vivido como un lugar para desahogar tensiones, sobre todo cuando el vínculo se constituye en relaciones de desigualdad y sometimiento”
Hernández se refiere por otro lado a los casos de castigo excesivo ejercido por los padres o guardadores hacia sus hijos, como consecuencia de acciones disciplinarias, los cuales -asegura- revisten la forma de agresión tanto física como emocional.“Se crean situaciones en las cuales los niños viven aterrorizados, agredidos verbalmente y menospreciados, y recaen sobre ellos actos denigratorios que menoscaban su desarrollo, como el abandono o negligencia que comprende todas las omisiones capaces de dañarles la salud, seguridad y bienestar, sin olvidarnos del abuso sexual que los afecta en su integridad e identidad”, dice, y añade que también“suelen utilizar a los menores para ejercer la mendicidad, y como armas de presión para sus disputas, cuando los retienen o trasladan ilegítimamente”
Es sabido que la ley otorga a los padres la responsabilidad primordial de la crianza y formación de los hijos, pero a decir del diputado“no se trata del ejercicio de un poder, sino del cumplimiento de una función en cabeza de ambos progenitores destinada al cuidado y educación del niño”“Sin embargo, frente acciones abusivas, es razonable que el Estado intervenga como garante de los derechos del niño; así es que la violencia ejercida a un menor genera doble responsabilidad: una para el autor del maltrato y la otra es para el Estado, que debe adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para la protección del niño”enfatiza.
Finalmente, entiende que a la violencia familiar“hay que batallarla”para lograr un mejor bienestar y calidad de vida de los menores, desde un enfoque interdisciplinario que cuente con la ayuda de profesionales de la salud, psicólogos, educadores, asistentes sociales y juristas, tanto en el campo de la prevención como cuando el daño ya se ha producido.
“Siempre es mejor una política preventiva del maltrato infantil”, asegura, no obstante ve la necesidad de que el Estado planifique distintas estrategias destinadas a resguardar a los niños de la violencia y el maltrato cotidiano mediante la presentación de nuevos modelos educativos, la multiplicación de redes sociales, talleres para padres, gabinetes psicopedagógicos, consultorios familiares y grupos de reflexión.
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El maltrato en cifras
La consultora de Silvia Chejter, con un equipo de consultoría compuesto por Beatriz Ruffa y Paula Flores, elaboró un informe respecto al tema con datos recabados en la Ciudad de Buenos Aires, y localidades de Córdoba, Chaco, Misiones, Neuquén y Santa Fe, que dan cuenta de las siguientes cifras:
-En la población escolar de escuelas de la ciudad de Buenos Aires y Avellaneda se encontró que un 33% de chicos sufría abandono físico y negligencia, 23% maltrato emocional, 18% maltrato físico, 25% mendicidad y 1,5% abuso sexual.
-Durante 1997 se registraron 13.376 llamadas al teléfono Te Ayudo. En base a 2.415 de esas llamadas se extraen algunos resultados: el abuso y el maltrato de niñas y niños se producen preponderantemente en el ámbito familiar; la mayor parte de las agresiones es por parte de un adulto varón y el 20% de la madre.
-El 51% de las agresiones denunciadas son de maltrato físico, 29% de maltrato emocional, 8% de negligencia, 12% de abuso sexual. El 52% de las víctimas de estos abusos eran niñas y el 41% varones.
Por su parte, UNICEF consigna que si bien la problemática del niño maltratado ha tenido un crecimiento alarmante, no sólo el maltrato físico, sino también el psicológico y el abuso sexual, no hay estadísticas concretas al respecto, pero se cree que una de cada cinco familias sufre de violencia doméstica o sexual.
