Además, acusó a las dirigencias de la CONADU y FEDUN de participar en “acuerdos inconsultos” con el Gobierno Nacional y los rectores, “a partir de la política de cooptación por pago de cuotas de solidaridad”.
El plan de lucha ratificado días atrás es en busca de un aumento salarial que eleve a 1.500 pesos (media canasta familiar) el sueldo básico inicial para el cargo testigo; aplicación del nomenclador histórico para todas las categorías y dedicaciones; jubilación del 85 por ciento móvil para la docencia universitaria de todos los niveles; y pago de salario a los 30.000 docentes ad-honorem.
También, eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios, triplicación del presupuesto universitario; titularización para los docentes de las escuelas preuniversitarias; democratización de las universidades nacionales; ciudadanía universitaria plena y carrera docente en todos los niveles. Asimismo, derogación de la Ley de Educación Superior; “contra los despidos, persecuciones, descuentos y la precarización laboral impulsada por los rectores de algunas universidades”.
