La Junta Ejecutiva evalúa que lo avances producidos por la sanción de la nueva ley de educación llevan como prerrequisito indispensable para su efectiva y eficaz aplicación, la valorización del trabajo docente tanto en términos salariales como en sus condiciones materiales.
Asimismo se ratificó que el Estado Nacional -tal como lo plantean la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Educación Nacional- debe reforzar su papel sustantivo a la hora de co-garantizar el financiamiento educativo necesario y suficiente para que la ley de educación recientemente sancionada no sea una mera declaración de buenas intenciones, y se consolide como un instrumento para hacer frente al desafío que implica dejar definitivamente atrás las políticas neoliberales y hacer posible el ejercicio pleno del derecho social a la educación
