La ley prevé además la creación de una comisión, integrada por un representante del Ministerio de Salud y un representante del Instituto Provincial de la Vivienda, que funcionará como autoridad de contralor.
Previo informe de la Comisión, el Poder Ejecutivo Provincial adjudicará las viviendas mediante Decreto. El contrato establecerá un comodato son costo para el profesional, y en el caso que su residencia en el lugar supere los 10 años, será adjudicado definitivamente.
La falta de cumplimiento del adjudicatario de las obligaciones establecidas en esta norma, como así también de las expresadas en el contrato de adjudicación, se sancionará con la desadjudicación de la vivienda, la resolución del contrato, la perdida de las sumas de dinero abonadas y la mejoras introducidas en el inmueble, debiendo restituir la vivienda en perfecto estado de conservación, previa inspección. Las sumas abonadas se imputarán en concepto de uso y no podrán ser reclamadas.
