El diputado Luís Andraca, explicó que “la ley de Patronado en su momento sirvió para amparar los derechos de la niñez, sin embargo, hoy no brindaba ya un marco legal necesario para que los niños reciban una protección integral necesaria”. Asimismo añadió “El Estado interviene bajo la postura de reeducar y re-sociabilizar al menor, separándolo de su familia. Pero en la realidad podemos percibir que el modelo ha fracasado, ya que en los institutos a los que se los deriva son llevados a convivir en conflicto” .
La nueva Ley de Protección integral, establece como base de la recuperación del menor en el fortalecimiento del vinculo de este con su familia, entendiendo a esta última como el núcleo que mejor contendrá al menor en conflicto. Siendo la familia el ámbito más propicio para el desarrollo del menor. Procurando en sus disposiciones que el niño como sujeto de derecho, permanezca en el seno de la principal institución social como formadora de la persona.
Andraca sostuvo que la ley 26.061 implica un cambio de paradigma, constituyendo un buen un inicio de un largo camino dirigido al mejoramiento de los derechos de los menores.
La ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tiene antecedente en la Convención de los Derechos del Niño aprobada en 1959. Tratado que fue incorporado por nuestro país por la ley 23.849, tomado rango constitucional con la reforma de 1994 en la que se agregó el artículo 75 inc. 22 de nuestra Carta Magna.
La valoración de los derechos de niño se afianzó a partir del siglo XX, donde empiezan a surgir instrumentos internacionales que tutelaban dichos derechos y tendían a asegurar la protección integral de la niñez. Es así que un estadio de esta evolución se dio en el ámbito de la ONU, aprobándose la Declaración de los Derechos del Niño.
Entre los derechos establecidos en dicha Convención se encuentra el derecho del niño a la supervivencia y al desarrollo. Teniendo como referencia el deber de los padres en procurar el desarrollo, sustento y bienestar del niño en todos los órdenes de su vida. Como así también señala la obligación del Estado de adoptar medidas de acción positiva para procurar el desarrollo y supervivencia de la infancia.
“Derecho a la identidad de los niños, derechos que durante los años oscuros de nuestro país fue saboteado, dejando a una generación completa sin saber quienes eran sus progenitores y a estos sin poder siquiera conocer a sus hijos”, señaló el legislador.
Este establece que el niño no puede ser desarraigado de su lugar de residencia, es decir del que fue elegido como asiento del grupo familiar por sus progenitores.
“El compromiso de la Convención y el punto estratégico de esta nueva Ley es evitar que lo menores sean separados del seno familiar. Es decir arbitrar los medios necesarios para que se logre la protección del niño en el ámbito familiar y en caso que no se pueda, que la separación sea solo un recurso ante la imposibilidad de que los derechos de los niños se encuentren garantizados dentro su ámbito natural” reiteró Andraca.
También el legislador explicó la importancia de esta adhesión, esbozó “si bien esta ley nacional rige para todo el territorio del país, la adhesión deviene necesaria conformándose una comisión mixta integrada por representantes del Poder Ejecutivo Provincial, Corte de Justicia y Ministerio Publico que elaborarán un protocolo de abordaje e intervención a la adecuación del procedimiento de intervención local.
