Según la denuncia que motivó el fallo, López, Arno y Juárez (junto con otros implicados que fueron absueltos por falta de acusación fiscal) se presentaban en talleres textiles y comercios de la zona de Flores, Villa Luro y Mataderos y, luego de marcar infracciones en los comercios o fábricas, pedían dinero para no clausurar el lugar.
La situación de los imputados se complicó a partir de la grabación de una conversación telefónica en la que uno de ellos "negociaba" con el responsable del comercio el importe a entregar para evitar la sanción.
Los denunciantes indicaron que, percibidas las sumas que obtenían bajo amenaza de clausuras, aseguraban a las víctimas que no iban a volver a pasar hasta determinado tiempo.
Un testigo, empleado de uno de los comercios, dijo que el policía les aconsejaba "arreglar" con los inspectores, para que no los molesten más.
Los inspectores tenían fajas de clausura, aunque carecían de facultades para tomar ese tipo de decisiones.
Los jueces evaluaron media docena de episodios registrados entre noviembre de 2010 y julio de 2011, cuando fueron detenidos los inspectores, pero ante la falta de acusación del fiscal Ariel Yapur solo los condenó por uno de los hechos.
Los magistrados Rafael Alejandro Oliden, Adrián Pérez Lance y Fátima Ruiz López consideraron que "no fue únicamente la exigencia de dinero motivada por el temor reverencial que pudiera haberse dado frente a la condición de funcionario público de los autores, sino que además vino acompañada de una intimidación o amenaza coactiva".
Una de las defensas había argumentado que no hubo intimidación, porque quien se presentaba como víctima ofreció "pagar" en cuotas.
El tribunal recordó que el delito de exacciones ilegales "produce una doble afectación. Por un lado, a la administración pública por el corrupto proceder del funcionario público y por el otro, al patrimonio de la víctima".
El fallo agregó que "los inspectores se aprovecharon de su carácter de tales, abusando de su cargo, para lograr el beneficio económico en su favor" y "no sólo operaron en perjuicio del interés particular del propietario del comercio, sino que quebrantaron la confianza de la sociedad en el poder público".
"Lo mismo puede decirse de la actuación de Juárez, respecto de quien los ciudadanos esperan que, en su carácter de policía, los proteja frente a abusos de terceros", agregó la sentencia.
Fuente: Télam
