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Inspección Laboral, RENATRE y UATRE

Detectaron gravísimas infracciones en un campo olivícola de Chumbicha.

En el día de hoy, en horas de la mañana, el Director de Inspección Laboral Antonio Eduardo Tapia, junto al inspector de la División Higiene y Seguridad Facundo Orellana, en coordinación con la Delegada de RENATRE – OSPRERA Lic. Miriam Juárez, y el Subdelegado de UATRE Adrián Molina, verificaron condiciones laborales, de higiene y seguridad en el trabajo de la empresa olivícola Producir S.A. Como se manifestó en reiteradas oportunidades, el objetivo de éste proceder conjunto del organismo estatal y la entidad sindical, no se limita a ejercer un control sobre el cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes, también se impulsa instalar una conciencia colectiva acerca de la importancia de proteger a los trabajadores. En la oportunidad, se verificó con absoluto desconsuelo, la gravísima condición de precariedad a la que se encuentran sometidos alrededor de 50 cosecheros que desempeñan labores en la empresa Producir S.A., ubicada en la localidad de Chumbicha, Dpto. Capayán. Eduardo Tapia dejó entrever que el marco legal ha sido duramente violentado por la empresa de mención y los cosecheros visitados padecen injustamente en un contexto ciertamente infrahumano. Algunas de las irregularidades detectadas son las siguiente: El campo se divide en dos sectores con sendos albergues carentes de las mínimas condiciones de higiene y seguridad, sin agua potable y con tan solo una lamparita eléctrica en el exterior; insuficiencia material de los sanitarios (en estado deplorable y no aptos para uso regular); inexistencia de instalaciones destinadas a cocina y comedor; la totalidad de trabajadores deben, penosamente, asearse en un pozo con agua de un metro de profundidad, el cual también es empleado, increíblemente, para la preparación de comida; en similar orden el alimento no se resguarda adecuadamente, circunstancia que genera la proliferación de insectos y alimañas alrededor de palos o alambres que hacen las veces de alacenas ubicadas, de más está decir, a la intemperie; las camas se confeccionan apoyando un colchón o algunas frazadas sobre las mismas bandejas de los cajones que se emplean para la cosecha de aceitunas, elemento que además se destina para la confección de habitáculos o módulos que sirven de estremecedora intimidad al momento del descanso; los campos no se encuentran debidamente desmalezados, lo que atenta de manera directa contra la seguridad de los cosecheros, asimismo, no se les hizo entrega de los implementos de protección que la ley estipula como obligatorios; y como patético corolario de lo confirmado por los funcionarios actuantes, tampoco se respeta el precio del cajón de aceitunas para mesa, siendo que éste asciende a la suma de $4,30 se abonan solo $4. Lo expuesto será sancionado con todo el rigor de la ley, llegándose incluso a la clausura, a la vez que se intimará la inmediata adecuación de las instalaciones, todo lo cual se definirá en el transcurso de la presente semana.
Miriam Juárez manifestó su profundo pesar y encono para con éste tipo de empresas que no solo hacen oídos sordos a cientos de reclamos y denuncias, sino que además infringen agresivamente la dignidad del trabajador rural, y sostuvo la imperiosa necesidad de poner un alto definitivo a la seguidilla de infracciones que recaen en detrimento del hombre de campo. Por su parte, Adrián Molina, hizo alusión a la falta gravísima de respeto para con la persona del individuo que necesita trabajar, y que viene a la cosecha para darle un sustento a su familia, “es intolerable la falta de vocación humana de muchos empresarios foráneos que solo buscan regocijarse con las oportunidades que ofrece ésta tierra a costa de los mas humildes”. Finalmente Antonio Tapia dijo que es imperativo organizar una mesa multisectorial a fin de consensuar una política de control con diferentes actores sociales, como Policía de la Provincia , organismos del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, ASOLCAT, entre otros y obligar a las empresas a respetar los marcos jurídicos que impone la relación de trabajo agrario.


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