Hay papás que recibieron en buenos términos la nueva ley y otros que se resisten a asumir la responsabilidad y la trasladan hacia el Estado.
“Soy padre de tres varones y el más grande, de 15 años, lo dejo salir hasta las 23 horas, luego, a su casa. La ordenanza me parece perfecto. Si encontrás a un menor tomando en un boliche en la madrugada, la responsabilidad es del padre”, señaló un vecino de la ciudad de Córdoba.
Por su parte, y en contraposición con esta postura, otro papá dijo: “La multa para el padre está mal. El responsable no es el padre, sino el dueño del boliche y los inspectores que no controlan que haya menores bebiendo. El estado elude su responsabilidad”.
La controvertida ordenanza -que fue aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante de Villa María- establece una sanción determinada por unidades de multa, la que, cada una, equivale al precio en ese momento de la nafta súper en el Automóvil Club Argentino (ACA).
"El mínimo son 400 unidades de multa -o sea cerca de 2.500 pesos-".
En tal sentido, el exdirector del Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción (Ipad), Guillermo Ortiz, en diálogo con Cadena 3 alertó a la comunidad de padres sobre el aumento de la dependencia de alcohol de los menores de edad.
“La ingesta en los jóvenes ha crecido de forma exponencial, sobre todo, en los fines de semana. Los criterios de dependencia de alcohol dicen que un individuo dependiente es aquel que bebe todos los días en forma excesiva, o si bebe en forma esporádica y tiene más de 12 borracheras al año”.
“En ese sentido, hay un gran porcentaje de nuestros jóvenes que están siendo dependientes del alcohol, porque tienen más de 12 borracheras al año”.
“Esto los padres no lo conocen o no lo entienden y tal vez una medida punitiva de este tipo, lleve a la consulta precoz. Es muy importante la precocidad de la pregunta cuando se encuentra que su hijo ha llegado emborrachado, sobre todo, cuando no sabe cómo llegó a su casa”, señaló Ortiz.
Por su parte, el abogado constitucionalista Adonis Molina Herrera fue consultado por Cadena 3 sobre la constitucionalidad de la norma y expresó: “El Concejo Deliberante tiene facultades para hacerlo. La responsabilidad no debe quedar librada exclusivamente a los organismos de seguridad, sino que debe colaborar la sociedad entera para coadyuvar la paz social que debe regir en una sociedad”.
“Siempre es dificultoso aplicar una ley, pero creo que está bien pensada. Seguro que surgirán inconvenientes, porque van a pretender argumentar que se violan principios personales y no es así: sobre la actitud personal, está lo social”, analizó el especialista.
Informes de Juan Pablo Viola y Agustina Vivanco.
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