LA GACETA se comunicó con el vocero oficial del Organismo de Regulación de Seguridad de Presas (Orsep, de ámbito nacional) para conocer detalles acerca de las tareas que se están llevando a cabo en el embalse tras la emergencia del 12 de abril. Páramos explicó que el dique, de manera preventiva, permanece en alerta amarilla “debido a la muy intensa acción que hubo sobre su estructura”, pero que no hay de qué preocuparse. Además, brindó detalles de la investigación que se está llevando a cabo.
“Se abrió una investigación sumaria con el objeto de ver las afectaciones que tuvo la presa. De manera complementaria, se está ejecutando, desde el momento de la emergencia, una una auditoría técnica para evaluar el desempeño de la concesionaria (la empresa Hidroeléctrica Tucumán SA) durante el protocolo que llamamos PADE: Plan de Acción Durante Emergencias”, señaló. Y aunque insistió en la necesidad de ser cauteloso y no emitir conclusiones previas al informe final, deslizó que el hecho de que se haya superado la cota máxima y las consecuencias que tuvo el desborde permiten presuponer que el accionar de la compañía no se corresponde con las “buenas prácticas” para estos casos.
“El protocolo es muy claro: define cuándo es una crecida, qué se debe hacer ante una crecida, qué diagrama de avisos se tiene que disparan, con qué antelación y cómo se maneja esa crecida. Todo eso el concesionario lo sabe hacer, porque lo fiscalizamos todos los años. Acá el quid de la cuestión es la ejecución del PADE y hasta que no terminemos todo el informe técnico estaríamos prejuzgando. El Orsep es una institución fiscalizadora nacional y tiene que hablar por sus informes. Estamos trabajando en esto y hasta que no tengamos definidas las conclusiones no podemos expresar cuáles fueron los incumplimientos”, enfatizó.
Responsabilidades
Según explicó Páramos, el informe técnico y la investigación sumaria apuntan en tres direcciones: evaluar los daños que pudiera haber sufrido el dique, analizar el desempeño del operador durante la emergencia hídrica y, finalmente, deslindar responsabilidades en virtud de los contratos de concesión. “En principio la ejecución del PADE es la clave, el quid de la cuestión. La estructura está bien, está funcionando en condiciones regulares. Lo que vamos a ver es que la presa esté como estaba, porque las cosas que ocurrieron no son de las buenas prácticas. Que el agua sobrepase el coronamiento claramente no lo es”, señaló. Páramos informó además que la última vez que se hicieron las pruebas de rutina de las compuertas fue el 16 de diciembre pasado, y que todo estaba funcionando correctamente.
Al ser consultado acerca de si esas responsabilidades que pretenden deslindarse podrían tocar también al Estado provincial, el vocero volvió a apelar a la cautela. Como se sabe y consta en el propio Boletín de la Dirección de Recursos Hídricos, la Comisión de Embalse tiene injerencia directa en el manejo de los diques: “bajo la presidencia del secretario de Estado de Medio Ambiente, todas las semanas, en la sede de la Dirección de Recursos Hídricos, se reúne la Comisión Coordinadora y de Control de Embalse y Desembalse de los diques El Cadillal, Pueblo Viejo y Escaba, con el propósito de analizar la evolución de estos diques y definir la erogación de agua de cada uno de ellos”, se informa en el boletín de esa secretaría, con fecha 18 de marzo.
“El Orsep es el órgano de aplicación en cuanto a la seguridad operativa y de la obra. Nosotros no somos autoridad de aplicación en el manejo de aguas. Estamos haciendo el informe, lo vamos a decir cuando esté finalizado; sería apresurado y prejuzgar decir algo ahora”, insistió.
Fuente. lagaceta.com.ar
