La magistrada Garzón de Lascano, que poco después renunció a su cargo, ordenó a la Nación que elabore planes de trabajo para incluir a 535 vecinos de las adyacencias de Córdoba. La jueza ya había ordenado entre agosto y octubre de 2008 que la Nación elabore un Plan de Contigencia para 39 amparistas.
La ex jueza sugirió como primera medida determinar si los amparistas beneficiados por su fallo están desocupados y en condiciones de trabajar. Tras esto, Garzón de Lescano ordenó se los incorpore en un programa ocupacional de los previstos en el artículo 106 de la Ley de Empleo 24.013, donde se establece que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá declarar la emergencia ocupacional de sectores productivos o regiones geográficas en atención a catástrofes naturales, razones económicas o tecnológicas.
