Un proyecto para penalizar a las personas que paguen por sexo con entre seis meses y tres años de prisión fue presentado por un grupo de diputados pertenecientes a distintos bloques de la Cámara de Diputados.
La iniciativa, que fue pergeñada por la diputada Marcela Rodríguez, de la Coalición Cívica, tiene como fin combatir la trata de mujeres y toma como modelo una política que ya se aplica en Suecia.
El proyecto también es avalado con sus firmas por los diputados María Luisa Storani (UCR), Héctor Recalde (Frente para la Victoria), Mónica Fein (Partido Socialista), Virginia Linares (GEN), Claudia Rucci (Peronismo Federal) y Graciela Caselles (Partido Bloquista).
La diputada Rodríguez, explicó, en declaraciones al diario Página 12, que “está documentado en distintos países que lo que genera la trata es la demanda del comercio sexual. Sin explotación sexual no hay trata”.
La legisladora destacó además que “la penalización de la conducta de ‘comprar a una persona para su uso sexual’ no se basa en una simple concepción punitivista ni constituye una intromisión en la vida privada de las personas, sino que la acción de ‘comprar’ implica un daño para la libertad e integridad sexual de la víctima".
Para redactar el proyecto se le hizo consultas a la jurista norteamericana Catherine A. MacKinnon , quien es asesora en cuestiones de género del fiscal Luis Moreno Ocampo en la Corte Penal Internacional (CPI).
MacKinnon es una de las ideólogas del modelo aplicado en Suecia que logró que la prostitución descienda casi un 50% en ese país nórdico
