El letrado, Angel Di Paola, fundó su iniciativa en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, adoptada en Nueva York el 28 de septiembre de 1954 y que aprobó la Argentina por laley 19.510, según explicó en su diálogo con los periodistas.
El abogado sostuvo que los autores de esos delitos "son culpables de actos contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas" y, por lo tanto, deben ser considerados"apátridas" y expulsados del país.