La Asociación Civil Be Pe repudia enérgicamente la brutal represión
llevada a cabo por los efectivos de la Guardia de Infantería de la
provincia de Catamarca esta mañana, durante el operativo de desalojo
al bloqueo selectivo a los camiones de Minera Alumbrera que vecinos
del departamento de Tinogasta, llevaban a cabo en la Ruta 60 desde
hace días. El desalojo efectivizado a través de la represión y la
violencia, con balas de goma y el uso de gases ha ocasionado una
cantidad de compañeros y compañeras heridos.
Este accionar se repite insistentemente de manera lamentable. Hacia
finales del mes de enero, fueron los vecinos de Santa María quienes
sufrieron la acción represiva, hace solo unos días las victimas fueron
los vecinos de Belén. Y mientras escribimos este comunicado, están
siendo reprimidos los vecinos de la localidad de Amaicha del Valle en
la provincia de Tucumán y se escuchan las primeras informaciones
sobre la posible represión en Andalgalá
Como organización comprometida con la lucha los sectores populares
de nuestra región, queremos expresar que nos sentimos indignados
cuando la única respuesta del gobierno provincial a los reclamos de los
vecinos y organizaciones que desde hace años venimos luchando por la
defensa de nuestro territorio ha sido la represión para nosotr@s y la
protección para los responsables del saqueo y la depredación de
nuestra provincia.
También nos llena de preocupación la naturalidad con que las
autoridades utilizan de manera creciente, este tipo de herramienta
para resolver conflictos sociales enraizados en la falta, omisión o
violación de los más sentidos derechos de los pueblos y comunidades,
como el de una vivienda, el derecho a la tierra o el agua.
Repudiamos también el accionar de los empresarios que con
presiones y amenazas violan la conciencia, la voluntad y la
determinación de las comunidades cuando definen confrontar en
defensa de sus derechos.
Lo hacemos desde nuestra propia experiencia cuando afirmamos que
la minería transnacional, la minería a gran escala tal como la
conocemos en nuestro país, genera resistencias populares, por los
devastadores impactos a todo nivel ya que va acompañada de voladura
de cerros enteros, la destrucción de acuíferos y ecosistemas, y el
consumo descomunal de agua y energía. Este es un paisaje que se
repite en toda América Latina, solo vasta con recorrer las
informaciones de prensa para poder corroborarlo.
El conflicto es indudablemente una expresión de voluntades que
manifiestan diferentes modelos de concebir, entender y encausar el
deseo de Justicia y Dignidad para nuestras vidas. La resolución de las
diferencias, no será a los palos, o por lo menos como educadores
populares no entendemos que pueda darse de esa manera.
Lamentamos que el nuevo gobierno sólo haya abierto instancias de
diálogo con los intereses corporativos de la gran minería, dejando
fuera de todo debate a las organizaciones, sectores y comunidades que
objetan este tipo de minería.
Creemos imprescindible que desde el Gobierno provincial se asuma la
conflictividad estructural que provoca el “modelo minero” de
desarrollo en la provincia; que si no se crean canales institucionales de
debate sobre esta actividad, se terminará de hecho intensificando los
episodios de violencia y represión.
Como educadores populares sentimos lealtad por las enseñanzas de
nuestro Maestro Pablo Freire, que nos dice: “Yo diría a ustedes,
mis amigos y amigas, que una cosa que yo he repetido siempre, que uno
hace primero lo que es posible, y no lo que le gustaría hacer.....
Pero, inmediatamente yo hablo de la necesidad de viabilizar lo inviable,
lo que significa una pelea permanente para cumplir lo posible ya, y
trabajar en el sentido de tornar posible lo que parece imposible”.
Reclamamos:
¡Liberación y cierre de las causas a los asambleístas
detenidos!
Total esclarecimiento de las responsabilidades en relación
al accionar de las fuerzas policiales y de Gendarmería.
El establecimiento de una urgente moratoria provisional
sobre todo mega-proyecto minero, desde los que están en
fase de exploración, hasta los que están en estado de
explotación.
La realización de una profunda investigación judicial e
integral sobre los impactos ecológicos, económicos,
políticos y culturales de Minera Alumbrera, y la delimitación de sus eventuales responsabilidades
judiciales.
La convocatoria a una urgente y ecuánime instancia de
diálogo social que garantice la expresión y la consideración
de las poblaciones afectadas.
La revisión y modificación del marco legal heredados de las
leyes mineras de los ’90, empezando por una des-adhesión
de la Provincia al régimen minero nacional y la prohibición
de mega-explotaciones de minería metalífera a cielo
abierto en el territorio provincial.
La generación de un nuevo marco normativo que asegure la
protección de las nacientes de agua, las cuencas hídricas y
la estabilidad y sustentabilidad de todos los ecosistemas de
la provincia, otorgando garantías a la población local para
el acceso, control y uso respetuoso y responsable de los
bienes comunes del ambiente.
Claudia Martínez
Directora de Be Pe
DNI 16.193.777
Asociación Civil Sin Fines de Lucro
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