La principal hipótesis de los investigadores es que los internos detenidos se enfrentaron en el marco de una disputa por el control de la venta de estupefacientes en Villa Urquiza. Ante esta situación, la fiscala de Instrucción Adriana Giannoni le remitió el expediente a la Justicia Federal. Los implicados deberán declarar esta semana ante los investigadores.
El 19 de octubre, tres reos identificados oficialmente como M.A.D., J.A.M. y B.G.G. se trenzaron en una brutal pelea en un pasillo de la Unidad II. Según el informe que recibió Giannoni, no había guardiacárceles en ese sector cuando se produjeron los incidentes. Los únicos testigos son un grupo de presos, pero los investigadores saben que no pueden contar con sus relatos para esclarecer el hecho, pues el código carcelario los obliga al silencio.
Los guardiacárceles lograron detener la sangrienta pelea, pero para entonces los tres reos estaban heridos. Fueron asistidos en la enfermería de Villa Urquiza, y uno tuvo que ser atendido por médicos del Hospital Avellaneda. La causa, en un principio, quedó caratulada inicialmente como lesiones recíprocas.
Desde un primer momento, los investigadores se toparon con un silencio casi absoluto. Sin embargo, recibieron datos sobre un enfrentamiento previo entre los implicados. Los rumores hablaban de una disputa por ver quién controla la venta de drogas.
Por ello, Giannoni ordenó que los detenidos fueran sometidos a análisis de sangre y de orina para averiguar si habían consumido drogas.
Los resultados fueron enviados ayer a la Fiscalía VIII por los especialistas. Fuentes judiciales le confirmaron a LA GACETA que los tres implicados habían consumido marihuana.
La causa fue remitida a los jueces federales Daniel Bejas y Mario Racedo, quienes deberán citar a los sospechosos. Sin embargo, los investigadores ya saben que, probablemente, el código carcelario tapará las bocas de los reos.
El consumo de drogas dentro del penal de Villa Urquiza no es una novedad para los investigadores. En agosto del año pasado, los vocales de la sala II, Alberto Piedrabuena y Emilio Herrera Molina, habían ordenado que los 114 reos a su cargo fueran sometidos a estudios médicos, pues habían advertido, durante las entrevistas, que algunos de ellos evidenciaban signos de estar drogados.
Más de la mitad
Los internos fueron examinados por especialistas de la Secretaría de Adicciones de la Provincia, con la colaboración de la Dirección de Institutos Penales, a cargo de Roberto Guyot. Los resultados de los estudios fueron alarmantes: el 65% de los presos había consumido marihuana, cocaína, psicofármacos y hasta morfina.
Los camaristas, al tomar conocimiento de esta situación, les enviaron copias del informe al ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera (de quien depende Institutos Penales), a la Corte Suprema de Justicia y a la Justicia Federal. Los expedientes fueron enviados en diciembre, pero los vocales jamás recibieron una respuesta oficial, según afirmaron.
El único que dio una explicación de la situación por escrito fue Guyot, quien dijo que, probablemente, los responsables de ingreso de la droga a la cárcel eran los familiares de los propios reos. Esto no convenció a Piedrabuena y a Herrera Molina, quienes habían escuchado de boca de los internos que la sustancia ilegal era introducida por guardiacárceles. Sin embargo, hasta la fecha, jamás se hallaron estupefacientes en manos de un empleado del servicio penitenciario, según afirmó Guyot.
Fuente/ lagaceta.com.ar
