Los demandantes pedían que se suspendiera dicha resolución, aplicada en la provincia por el Epret, porque consideraban que era violatoria de los artículos 28 y 42 de la Constitución Nacional. Entendían que las últimas facturaciones del servicio que presta EDET habían dado como resultado montos irrazonables desde el punto de vista económico y, por lo tanto, arbitrarios e ilegales.
De igual modo la Defensoría del Pueblo pidió que EDET facilite a los usuarios en todos sus locales los formularios para acogerse al beneficio de la no vigencia de la resolución nacional en caso de consumos menores a los 500 kv. El Defensor tucumano Jorge García Mena acordó también una estrategia común con otras defensorías de provincias afectadas por el tarifazo eléctrico.
Fuente/ estoestucuman.com.ar