En ese momento, y en contra de la voluntad de su esposa y de un juez de esa ciudad y junto a policías federales, los padres de Ballesteros consiguieron que su hijo sea trasladado de Rosario a un centro de salud de la provincia de Córdoba.
Este movimiento se pudo llevar a cabo gracias a que los padres del polista consiguieron la autorización del juez federal Ricardo Bustos Fierro.
A partir de ese momento se suscitó un conflicto que ya llegó a la Corte Suprema y que, dentro de poco tiempo, resolverá qué tribunal debe disponer del lugar en donde el joven debe continuar el tratamiento.
Mientras la causa estaba ya en la Corte, la Cámara Federal de Córdoba intervino y anuló lo autorizado por Bustos Fierro. Por ese motivo, los padres del polista decidieron acusar a los camaristas ante el Consejo de la Magistratura y pedir juicio político. Además denunciaron ante la Defensoría Oficial de la Nación a Mercedes Crespi (la defensora local actúa porque se trata de un incapaz) y plantearon el caso ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Según un informe, Ignacio Ballesteros se encuentra en “estado vegetativo de mínima conciencia”. En otro documento se pudo establecer que el polista padece “cuadriparesia espástica”. El joven que vivía con su esposa en Rosario no puede moverse ni comunicarse.
El conflicto gira en torno a quién es el que puede disponer del destino del polista. “Ojalá pudiera preguntarle dónde quiere estar y esto se acaba”, señaló su padre, Eduardo Ballesteros, que es presidente de la Sociedad Rural de Córdoba capital. Ayer acusó a los camaristas Ignacio Vélez Funes, Vicente Muscará y Carlos Lascano, y levantó sospechas de coimas y de “arreglos con los narcos” en otras causas.
El 11 de junio, por orden de Bustos Fierro, Ignacio fue trasladado de una casa alquilada por su esposa porque, a su criterio, era deficiente la atención que recibía el polista. El juez avaló el planteo de los padres, que aportaron un certificado del centro de rehabilitación de Córdoba (donde no lo habían visto aún) y de un médico de San Luis.
“Los derechos de Ignacio estaban siendo totalmente vulnerados”, sostuvo Eduardo Ballesteros, que no podía visitar a su hijo en Rosario, debido a varias denuncias de violencia cruzadas. Sólo podía verlo la madre una vez a la semana, acompañada de una asistente social, por orden de un juez de Familia de Rosario.
La ley establece que es la cónyuge, Gisela La Menza, la que debe decidir sobre el tratamiento y su domicilio. Sus abogados señalaron que una jueza de Campana declaró incapaz al polista y le otorgó la curatela de bienes, un tema sobre el que hubo presentaciones judiciales de ambas partes.
Gisela aseguró que Ignacio tenía a 14 profesionales que lo cuidaban todo el día. Además, sus abogados cuestionaron el hecho de que el polista no haya tenido un estudio mínimo previo al traslado para verificar si estaba en riesgo.
El padre de Ignacio dijo que sólo le importa la salud de su hijo y que si no fuera por otros familiares de Gisela, con ella no se habrían suscitado conflictos. “Tengo ganas de decirle: ´Hagamos todo lo que podamos hacer para que se recupere, dejémonos de joder´. Me parece insólito todo esto”, afirmó.
