Una insólita orden del juez de una ciudad mendocina, Raúl Acosta, hizo retroceder al Presidente Kirchner en una decisión que ya había tomado, con respecto a la promoción industrial en la regiones de norte y cuyo Argentino. Las provincias que están contempladas con este régimen son precisamente Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis que ayer mandaron sus representantes a una reunión en San Juan donde delinearán como contrarrestar el embate del gobierno y de la Cámara de comercio de aquella provincia
El decreto 1295 que reza sobre la continuidad de la ley de promoción industrial en las provincias mencionadas, inaugurada con el acta de reparación histórica, de 1980 bajo la presidencia de Emilio Bignone, contempla la radicación de empresas fabriles con el objeto de reforzar las economías regionales, en virtud de los aportes de estas provincias en la implementación de las líneas de ferrocarriles en la Argentina, en tiempos memorables de la Nación.
La resolución judicial que se libró ayer tarde, pero que ya había diligenciado en Diciembre, el juez Acosta, enmudeció a los Fiscales de Estado de las provincias, y para interiorizarse, el fiscal de Estado de San Juan, y el asesor de gobierno de esa provincia, viajaron y están por estas horas, en la ciudad de San Rafael, pidiendo copias de la medida cautelar, para analizar la defensa que se ejecutará. Mientras tanto los representantes del resto de las provincias afectadas en este embate, permanecen en la Capital Sanjuanina esperando a sus pares para iniciar la batalla judicial.
Por su parte el gobernador de Catamarca, repudió enérgicamente la medida del gobierno mendocino, expresada en el juez Acosta, y confirmó que su enviada, la asesora de Gobierno Mariela Buenader de Walter, tiene indicaciones expresas de defender la posición de su gobierno, en este ataque judicial
El decreto de necesidad y urgencia firmado por Kirchner en diciembre pasado, fue firmemente rebatido por el gobierno en su conjunto y las asociaciones de empresarios y sindicatos de esa ciudad sureña de Mendoza. Arguyen que la mencionada ley de promoción les provoca fuga de capitales e inversiones hacia las provincias beneficiadas
