"Con la encuesta se puso en evidencia un fenómeno muy particular y es que el contrato agrario que surgió beneficiando al pequeño y mediano productor agropecuario, hoy está vinculado a la empresa de gran escala, a través del contrato accidental de un año", indicó Luis Contigiani, de la Comisión Gremial de FAA.
El dirigente agregó: "Hoy se está frente a una agricultura que no se basa en la propiedad sino en la renta, y frente a un contrato accidental que es uno de los motores del modelo de la agricultura en la Argentina".
Por eso, uno de los planteos de la institución es realizar el estudio para modificar la ley 13.246, a partir de la opinión de los propios involucrados con la temática.
Federación Agraria está trabajando en el borrador de un proyecto de ley que pretende dar a conocer a fin de mes, y que busca reformular la legislación sobre contratos agrarios, para que protejan al agricultor "familiar y tradicional" frente a los grupos inversores (fideicomisos, fondos de inversión o sociedades anónimas).
Entre sus puntos principales se propone establecer un plazo mínimo de cinco años de alquiler, con opciones de continuación, y acotar los contratos por cosecha a "supuestos excepcionales". Por otra parte, evalúan la posibilidad de eliminar el pago a precio fijo en dinero o productos y que todos los contratos sean porcentuales.
La radiografía
El relevamiento realizado por la entidad indica que de 1988 a 2002, fecha en que se realizó el último censo nacional agropecuario, aumentó en un 32% el número de contratos agrarios.
El 44% de la superficie es explotada bajo alguna forma de arrendamiento. La mayoría de la tierra arrendada es para agricultura y los contratos que se realizan son efectuados por escrito. La forma de pago más común es por quintales por hectárea (cláusula que es nula para la ley de arrendamiento vigente).
Un importante número de entrevistados dice no conocer la existencia de la ley de arrendamiento y, de quienes la conocen, sólo un 30% manifiestan estar enterados que los plazos de arrendamientos mínimos son de tres años y que el pago es en efectivo.
Los que dicen conocerla señalan que no responden a sus necesidades porque: no se pueden hacer rotaciones, protege sólo al dueño del campo, no controla a los pools de siembra o no se puede realizar una agricultura sustentable ya que los plazos son cortos, entre otros argumentos.
Una importante cantidad de los encuestados opinaron que debía ser eliminado el contrato accidental de cosecha por una campaña porque entre los principales argumentos "no permite planificar".
En cuanto al tipo de contrato, los productores consideraron que debería existir uno específico de acuerdo al tipo de actividad productiva según se trate de ganadería, agricultura, etcétera, porque cada una tiene un tiempo distinto de recuperación de la inversión.
También opinaron que en caso de conflictos entre las partes, debería intervenir un tribunal donde se encuentra el campo en cuestión.
Una nueva ley
El punto en común entre los encuestados es que una nueva legislación debería proteger básicamente al pequeño y mediano productor y que debería establecer nuevos mecanismos que incentiven a los agricultores a ser productores directos. Entre esos mecanismos se señalan el acceso a créditos blandos, incentivos fiscales, promociones, subsidios, alquileres de acuerdo a la zona y asesoramiento técnico, entre otros.
Finalmente, el tema de ponerle límite a la superficie arrendada fue otro de los temas que surgió del estudio realizado por la Federación Agraria Argentina, además de evitar la extranjerización de la tierra.
"Estamos viendo cómo con la aparición de nuevos actores, como los grandes productores, cerealistas, pooles de siembra y fondos de inversión, se deshumanizó la agricultura", opinó Eduardo Buzzi, presidente de Federación Agraria, quien explicó a través del proyecto de nueva ley de arrendamiento se busca "ordenar y democratizar un recurso que está concentrado".
Si bien opinó que la ley vigente, surgió de una voluntad democrática, con sus posteriores reformas se fue desvirtuando.(CampoNOVA.com)
