Si hay una deuda que el Congreso de la Nación tiene con la democracia en el último cuarto de siglo, en el camino de la renovación normativa respecto del modelo autoritario y reaccionario de las dictaduras, ésa es la de proporcionarnos una regulación moderna y pluralista en materia de comunicación y funcionamiento de los medios en la Argentina. Por eso, la presentación del proyecto de ley de Servicios de Comunicación audiovisual representa un intento plausible para desterrar quizás el último resabio significativo de la legislación procesista, el Decreto-Ley 22.285, del año 1980, cuyos parámetros tecnológicos y fundamentos ideológicos y teóricos corresponden a una época que dejamos definitivamente atrás.
Resulta imprescindible generar un marco normativo superador de una norma configurada sobre la base de la “Doctrina de la Seguridad Nacional ”. El contenido antidemocrático de aquel decreto-ley fue –paradójicamente- profundizado por la ley 23.696, conocida como “Ley Dromi de Reforma del Estado” impulsada en 1989 durante el gobierno del ex presidente Carlos Menem, que, coherente con la matriz ideológica neoliberal, favoreció el proceso concentrador en la propiedad de los medios y la conformación de multimedios, ya que habilitó a los titulares de medios gráficos a ser concesionarios de medios audiovisuales.
Si bien el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha sido elaborado por especialistas convocados por el gobierno nacional, es importante recordar que tiene su origen en la Coalición por una Radiodifusión Democrática, formada en 2003 e integrada por más de 300 organizaciones sociales y comunitarias de la comunicación, sindicales, de derechos humanos, universidades nacionales, cooperativas, y pequeñas y medianas empresas, que suscribieron los 21 puntos por el Derecho a la Comunicación presentados públicamente el 27 de agosto de 2004, y entregados en aquel tiempo al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo.
Existen notables diferencias que se pueden destacar entre el decreto-ley de la dictadura y este proyecto de ley ingresado la semana pasada al Congreso nacional. Citamos sólo algunos ejemplos:
* La norma vigente admite restricciones a la libertad de expresión basada en razones de la “doctrina de la seguridad nacional”, en tanto la nueva propuesta garantiza el derecho humano universal a la información y a la libertad de expresión tal como lo prevé el artículo 13º de la Convención Americana sobre Derechos humanos.
* En la norma vigente no se protege el trabajo argentino ni se alienta la producción local; se admiten los monopolios y los oligopolios de medios; no se fomenta la producción de contenidos educativos o infantiles y no está prevista, en la regulación, la participación del Congreso de la Nación. En la ley propuesta, sí se comprometen garantías y protección al trabajo local y argentino mediante cuotas de pantalla de cine nacional; se exige el 70% de producción nacional en las radios y el 60% en la TV ; se reserva, con carácter inderogable, el 33% del espectro para las personas jurídicas sin fines de lucro tales como, asociaciones, fundaciones, mutuales, etc; y se fomenta la producción de contenidos educativos e infantiles.
* El decreto-ley de la dictadura permite que una sola persona sea titular de 24 licencias de servicios abiertos (radio y TV) y se exigen requisitos personales basados en la posesión de riqueza y preferencia de aspectos patrimoniales; permite la propiedad conjunta de licencias de TV y empresas productoras de señales de contenidos; y resulta inexistente la regulación en materia de federalismo. En el proyecto en estudio, se promueve tanto la participación institucional de las provincias como la protección a contenidos locales y regionales destinados a sostener la producción local; y, con el fin de impedir la formación de monopolios y oligopolios, pone límites a la concentración, fijados por cantidad de licencias y por tipo de medio. Como dato a tener en cuenta señalamos que para ser titular de una licencia, se ponderarán criterios de idoneidad y de arraigo en la actividad, y que durarán diez años (hoy duran 15) y se podrán prorrogar por diez años más, previa realización de audiencias públicas. Además, quienes hayan obtenido una renovación o prórroga, no podrán solicitar una nueva extensión de plazo por ningún título. El nuevo proyecto plantea también formalizar la universalización del acceso al más popular de los deportes, el fútbol, prohibiendo la codificación de los partidos y consecuentemente, el pago de un abono extra al ya costoso sistema de TV digital o por cable.
En “Rimasay”, Centro de Comunicación de Catamarca, creemos que la iniciativa ha logrado instalar saludablemente un debate que permanecía soterrado, perceptible hasta el momento sólo en ámbitos reducidos y siempre externos al poder que representa a la soberanía y voluntad popular. Allí radica uno de sus méritos insoslayables.
Consideramos también que se trata de una iniciativa perfectible, y compatible en muchos de sus postulados con otros proyectos, igualmente válidos, promovidos por la oposición política. La discusión debe ser profunda pero impostergable. Las dilaciones que plantean algunos sectores vinculados, de una u otra manera, al poder de los grupos multimedios, aparenta ser, antes que una actitud de prudencia, una maniobra destinada a postergar indefinidamente la regulación democrática y pluralista de los medios.
De modo que abogamos para que el debate que la sociedad democrática está esperando transite por los carriles de la buena voluntad y el coraje político. Esto es, que prevalezca en la posición de los representantes del pueblo –tanto del oficialismo como de la oposición- la vocación por construir una sociedad cada vez más democrática, evitando las perspectivas basadas en conveniencias políticas sectoriales, o condicionadas por la presión de los poderosos grupos de medios amenazados por la eventual disminución de sus privilegios.
Firman el documento:
Ana María Villagra (17.529.816)
Presidenta
Gabriela Toloza (23.024.615)
Secretaria
Washington Uranga (18.227.381)
Teresita Vargas (18.135.064)
Ana Mohaded (13.178.906)
Jorge Huergo (13.604.266)
Andrea Sartor (24.080.052)
Álvaro Barrionuevo (25.542.611)
María Belén Verón (25.928249)
Cecilia Mensa (27.138.625)
Luz Almada (28.322.922)
Marcelo Gallo (17.529.861)
Roberto Angaramo (7.799.032)
Christian Diaz Dian (25.928.470)
Marcelo Ponce (22.515.014)
