Al respecto, una creencia muy común es considerar que los estados provinciales actúan como “amortiguador” de la tasa de desempleo. Esto es, se considera que en ciertas provincias el empleo público es un sustituto perfecto de la falta de emprendimientos privados y que la ausencia de sector privado sería la causa del empleo público.
Pero un análisis mas detallado del nivel y el costo del empleo público provincial nos permite extraer conclusiones contrarias. Mas que un “amortiguador”, los estados provinciales y municipales han actuado como un “acelerador” del desempleo.
Hace unos años hemos desarrollado un concepto que denominamos la “tasa de desempleo encubierto en las provincias”. Dicho concepto parte de supuestos muy conservadores debido a que no considera eventuales superposición de funciones, ni funciones superfluas ni cuestionamientos sobre la productividad y la eficiencia en la provisión de bienes públicos parte de los estados provinciales.
Así, la cantidad de empleados públicos provincial con relación a la Población Económicamente Activa nos da un cociente que nos permite realizar comparaciones interesantes. En primer lugar, la provincia que tiene una relación más baja entre la cantidad de empleados públicos y la Población Económicamente Activa, es Córdoba. La provincia mediterránea tiene una relación de 6,20 empleados públicos por cada 100 personas que se encuentran en la PEA (Población Económicamente Activa). En consecuencia, podemos formular el siguiente supuesto: “Que la provincia de Córdoba no tiene empleo redundante, que todos sus agentes están perfectamente asignados y que la cantidad y calidad de ‘bienes públicos’ que provee la provincia es similar a la que proveen el resto de las jurisdicciones”.
Entonces, si la Provincia de Córdoba puede mantener un estado provincial en funcionamiento con 6,20 empleados públicos cada 100 personas de PEA, nos preguntamos ¿por qué el resto de las provincias requiere una cantidad de empleados públicos mayor?
De esta manera, consideramos que el excedente de empleo provincial sobre PEA que supera la relación establecida en Córdoba (la provincia con índice mas bajo) es “empleo encubierto”; en rigor, es personal que no tendría que estar empleado en las administraciones provinciales. No hay razones geográficas, institucionales o técnicas que justifiquen una dispersión relevante en la relación empleo público provincial/ PEA. Las diferencias se deben exclusivamente a la adopción de los estados provinciales como “empleadores de última instancia”.
Ahora, con los análisis de los datos emitidos por el INDEC (Encuesta Permanente de Hogares de Mayo 2002) y otras fuentes oficiales podemos ofrecer los siguientes resultados:
1. El sobre empleo provincial alcanza las 445.697 personas: Tomando la provincia de Córdoba con la relación óptima entre Empleo Público/PEA de 6,2, la cantidad de empleados públicos óptima a nivel consolidado provincial debería ser de 913.903. Esto significa que en las administraciones provinciales habría un sobre empleo de 445.697 empleados públicos provinciales, es decir, el 33% del total.
{adr}2. El desempleo “real” sería de 25,4%: Como consecuencia de lo anterior, la tasa de desocupación “corregida” (por el desempleo encubierto) sería de 24,4%, lo cual significa 2,9 puntos porcentuales adicionales a la que publicó la EPH de Mayo 2002. Si a esto se le agrega un análisis similar para el empleo público municipal obtendríamos que la tasa de “desempleo real” sería 25,4%, esto es 3,9 puntos porcentuales más que la oficialmente anunciada.
Pero no se trata de un “error de medición” por parte del INDEC, sino que en este informe consideramos “tasa real de desempleo” a la tasa oficial sumada al desempleo encubierto de las provincias y municipios.
3. El 11,5% de la PEA trabaja en el estado provincial y municipal: El nivel de empleo público provincial alcanza los 1.359.602, representando el 9,2 % de la PEA para el año 2000. Si consideramos los 334.400 empleados que tienen los municipios en todas las provincias resulta que el 11,5% de la población económicamente activa trabaja en el estado provincial o municipal. (no se consideraron los empleados públicos nacionales. En tal caso dicho porcentaje superaría el 13%.)
4. El empleo encubierto no es gratis: La creencia común que los estados provinciales deben contratar trabajadores para combatir el desempleo no es gratis. Sólo en las provincias, el desempleo encubierto de los 445.697 trabajadores tiene un costo anual de unos $ 5.407 millones anuales. Esto es igual al 28,5% del Gasto en Personal Consolidado o el 15% del Gasto Total Consolidado del año 2001. En el caso de los municipios, el desempleo excedente estaría alrededor de los 127.154 empleados. Según estimaciones propias basadas en cifras oficiales, el gasto promedio salarial en los municipios sería de unos $ 990 mensuales. Esto supone un costo anual de otros $ 1.630 millones. En total, el desempleo encubierto en las administraciones públicas provinciales y municipales estaría representando un costo anual de $ 7.000 millones para los contribuyentes argentinos.
5. Seguro de desempleo en lugar de empleo encubierto: Si le otorgamos un subsidio a los 445.697 empleados públicos que estarían “sobrando” en todas las jurisdicciones provinciales por un valor equivalente al ingreso promedio per cápita anual de la Argentina ($ 6.000), el costo del seguro de desempleo sería de $ 2.674 millones anuales. Esto significa un seguro mensual de $ 500, o sea, más del triple que el actual Plan de Jefas y Jefes de Hogar de $ 150. El ahorro anual sería de $ 2.733 millones o el equivalente al 44% del déficit fiscal consolidado de las provincias en el año 2001. Si aplicáramos la misma solución en el caso de los municipios, el costo del seguro de desempleo para los 127.154 empleados sería de $ 763 millones anuales ($6.000 x 127.154). Esto permitiría un ahorro corriente de $ 860 millones al año en los municipios. Por lo tanto, el ahorro total generado por el blanqueo del desempleo encubierto en provincias y municipios - y el correspondiente seguro de desempleo a las 572 mil personas - sería de alrededor de $ 3.600 millones anuales.
6. Reconocer la realidad: Si este ahorro se traduce, aunque mas no sea en el mediano plazo, en una reducción de la presión fiscal de las provincias (por la vía impositiva o por la competencia desleal que sistemáticamente hacen en el mercado de crédito) surgiría un poderoso y sostenible incentivo para que la inversión privada produzca empleos genuinos y permanentes.
Partiendo del dato objetivo que el gasto en personal ronda el 58% del gasto público primario provincial, es impensable una reducción del déficit del 60% sin reducir la plantilla de personal o sin afectar el nivel de salario real.
Por tanto, la realidad nos obliga a ser sinceros. En las provincias y municipios hay un sobreempleo público que llega a alrededor de los 572.800 agentes (445.697 en las provincias y 127.154 en los municipios). El otorgamiento de un subsidio equivalente al PBI/Cápita por un plazo de tiempo limitado redundará en un ahorro anual del orden de los 2.700 millones de pesos si sólo consideramos el ahorro provincial. En un contexto de credibilidad y seguridad jurídica esto significará el inicio del despegue de las inversiones privadas. No se trata de una condición suficiente pero si de un requisito necesario e ineludible.
Consideraciones finales
Los índices de desempleo son un reflejo imperfecto de una realidad desgarradora. Aún en un contexto de prohibición de despidos e indemnizaciones dobles, el sector privado perdió cerca de 755.000 puestos de trabajo en el transcurso del último año. Mas de 3.000 despidos por cada día hábil.
En marzo de 2001, un ministro de economía fue expulsado con una revuelta en las calles de Buenos Aires por pretender una reforma que incluía el despido de 94.000 agentes públicos en función de una amplia y profunda Reforma del Estado en el nivel federal. Ni siquiera esa reforma fue anunciada oficialmente, solo figuraba en los “papers” con los que contaba el equipo económico de aquel entonces. En solo un año, el sector privado expulsó ocho veces más aquella cifra.
La recomposición del empleo debe provenir del sector generador de riqueza genuina. El empleo público como seguro de desempleo resultó un fracaso. Los particulares van a generar empleo cuando existan las condiciones institucionales dadas (seguridad jurídica, bajos costos fiscales y laborales y perspectivas de negocios). La reducción del costo fiscal pasa por la reducción de funciones y con ella la reducción de agentes en el sector público.
La reducción del desempleo en el sector privado va asociada con un aumento del desempleo público por disminución de sus funciones, amortiguando su costo con un seguro de desempleo serio.
De acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares de Mayo de 2002 a nivel nacional en el sector privado trabajan 9.268.000 personas. Hay 3.038.000 desempleados, y cerca de 2.000.000 de empleados públicos (nacionales, provinciales y municipales). Esto quiere decir que por cada dos trabajadores en el sector privado hay una persona que o está empleada en el gobierno nacional, provincial, municipal; o está desempleada.
El sector público no es un ente creador de riqueza sino un distribuidor de la riqueza previamente creada por los particulares. Por eso, sin desmedro del esfuerzo, la honestidad y la importancia de muchas de las funciones públicas, podemos decir que quienes viven de la distribución de riqueza representan nada menos que el 50% de quienes son los encargados de producirla. Esto explica en buena medida por qué el sector privado está extenuado, agobiado y al borde de la quiebra generalizada.
Anexo: Indicadores de la Irracionalidad.
* Un reciente estudio de la Consultora SEL estableció un ranking de empleadores ubicando en las primeras 23 posiciones a organismos públicos y gobiernos provinciales. Solo en el puesto 24 aparecía el primer empleador privado.
* Solamente en 6 jurisdicciones (Córdoba, Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe, Tucumán y Salta) hay menos de 1 empleado público por cada 10 personas que conforman la PEA.
* En 7 provincias (Chubut, Catamarca, Neuquén, Tierra del Fuego, Formosa, La Rioja y Santa Cruz) hay más de 50 empleados públicos cada 1000 habitantes, o sea, por cada 5 familias hay 1 empleado público provincial.
* En 6 provincias (La Rioja, Formosa, Santa Cruz, Catamarca, Tierra del Fuego y Neuquén) donde más del 20% de los ocupados son empleados públicos.
* En otras 6 provincias (Chubut, Jujuy, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero y Entre Ríos) más del 15% de los ocupados son empleados públicos.
Fuente: Informe elaborado por Pablo Guido, Economista Jefe y Gustavo Lazzari, Director de Investigaciones de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre www.atlas.org.ar
