Desde la devaluación de la moneda, distintos sectores autodenominados "progresistas", entendieron que la actividad agropecuaria pasaba a ser una nueva caja para cubrir la incapacidad de gobernantes por lograr un equilibrio fiscal.
Fue así que reinstalaron por enésima vez las retenciones, un verdadero castigo,con lo cual la eventual recuperación en la actividad, ya desde sus inicios,comenzaba a sufrir su principio de asfixia.
Con esas retenciones - injustas por donde se las vean porque desalienta la iniciativa privada- el gobierno tuvo y tiene la posibilidad de financiarlos planes sociales que, con la irregular distribución que se percibe, nose sabe si realmente llegan a los más necesitados o constituyen un sistemade extorsión política utilizado por punteros del oficialismo justicialista.
Obviamente que nadie está en contra de atender la emergencia social, perosí se puede cuestionar este sistema de transferencia de recursos del sectorprivado hacia destinos a veces inciertos.
Todo esto ocurre en el contexto de un estado ineficiente, burocrático y agigantado que está falto dereflejos para atender las problemáticas más urgentes.
Por si las retenciones no fueran suficientes, el gobierno -en este caso el bonaerense- aplicó durante el ano pasado y el que está en curso un adicionalen los ingresos brutos al campo, una suerte de retención provincial que motivó la queja de todos los sectores.
Es que Solá, bueno es recordarlo, entre otras cosas fue un acreedor privilegiadode la protesta rural, cuando, en su época de subsecretario de Agriculturay Ganadería tuvo algún resonante "tractorazo" que todavía no pudo asimilar.
Vale decir que Solá, Duhalde y ahora Kirrchner, son quienes compiten paraver quien dana con mayor creatividad al sector que más ingresos esta aportando a la economía nacional. De la misma manera que un tigre, cebado por la sangre, busca más victimas.
Ahora, la novedad es la modificación de la liquidación de impuesto a lasganancias, que, para el caso de la exportación de granos, tomará comobase tributaria el valor de la mercadería al momento del embarque.
Como lo senalaron distintas cámaras del sector agroindustrial se estaríatributando sobre una ganancia ficticia y se crearía un manto de incertidumbrea la operatoria.
En principio se provocará que ante la incertidumbre por esta propuesta,los exportadores descuenten del precio por pagar al productor una primade riesgo, estimada en unos 7 a 10 dólares por tonelada. A eso hay queagregarle que habrá una menor cotización, que implicará una pérdida parala producción del orden de los 660 millones de dólares, a la vez que habráun desaliento en la producción, que caerá un 4 por ciento.
En total, la caída general será de 860 millones de dólares, cifra nadadespreciable para un país en el cual el debate por la reactivación es untema prioritario en la agenda política y social.
Ante este esquema la prioridad es que desde toda la comunidad empresariaque tenga que ver con el agro se rechace esta serie de castigos sin fundamento alguno.
Transitoriamente, mientras se logra consolidar una mayoría que reviertaesta tendencia, será presentado un proyecto en la legislatura bonaerense,a través del bloque de la Ucedé que integro, para que se coparticipen las retenciones y el producido de la actividad agropecuaria bonaerense quedeen la provincia.
De esto de las coparticipaciones sabe bastante el presidente Néstor Kirchner,quien gracias a las regalías petroleras pudo equilibrar cuentas y aparecercomo un gobernador "ordenado", pero no por méritos propios sino por lasbondades del oro negro.
(*) Diputado provincial Ucedé y candidato a diputado nacional por AFEBA.
