La denuncia ante la justicia federal porteña fue realizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal Carlos Gonella, y se origina en una pesquisa preliminar iniciada en junio pasado, según informa hoy el sitio web www.fiscales.gob.ar.
Según la denuncia, la pertenencia que tuvo Chancalay a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario dependiente del Ministerio de Desarrollo Social porteño, "le habría permitido acceder a información gubernamental de carácter sensible".
También están involucradas en la denuncia por lavado las firmas Mach Construcciones SRL y la Cooperativa de Trabajo Cardenal Samoré Limitada, ambas vinculadas Chancalay.
La toma de los terrenos también fue investigada por cuerda separada por la justicia en lo penal, contravencional y de faltas porteña, que constató que en una cuenta de la cooperativa en el Banco Ciudad se acreditaban fondos no justificados, lo que le daría visos de funcionar como cuenta "puente".
La denuncia ante la justicia federal porteña fue realizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
Esos movimientos se relacionan con la sospecha de los fiscales del fuero de la ciudad, quienes "tendrían elementos probatorios suficientes para vincular a Chancalay con la organización que fomentó la toma para luego comercializar los 'lotes' por cifras que iban de 8.000 a 25.000 pesos", remarcó Gonella.
En el domicilio de Chancalay "se habrían encontrado boletos de compraventa correspondientes a los lotes dentro del asentamiento".
Esta nueva presentación se suma a las ya en curso en los fueros contravencional de la ciudad y criminal nacional por distintos delitos. En el primero, tramita una causa por usurpación, en la que Chancalay se encuentra a la espera de una sentencia.
En el fuero criminal y correccional, en tanto, está en curso un expediente iniciado por las denuncias de los fiscales del fuero porteño por episodios ocurridos dentro del predio por los delitos de homicidio, abuso sexual con acceso, privación ilegal de la libertad, extorsión, estafas, estelionato (engaño en los contratos), tenencia y/o portación de armas de fuego supuestamente de uso civil, amenazas coactivas, asociación ilícita, apología del delito, malversación de caudales, atentado y resistencia a la autoridad, cohecho y tráfico de influencias y encubrimiento.
Finalmente, de la pesquisa también surgieron presuntas infracciones a la ley de drogas, por lo cual tramita en el fuero federal porteño una causa encaminada a investigar el tráfico de estupefacientes.
Fuente: Télam
