En la nota al titular de la Corte, Alak señala que "se ha advertido que gran parte de esos traslados ordenados judicialmente no revisten criterios médicos suficientes que justifiquen la atención en dichos nosocomios y el correspondiente operativo de seguridad y traslado".
Asimismo, el ministro refiere que "atento a los hechos de público conocimiento, que dan cuenta de la fuga de dos internos desde el Hospital Militar y la necesidad de que se cumplan con eficacia las resoluciones judiciales de restricción de la libertad de procesados y condenados por delitos de lesa humanidad, solicito el dictado de una Acordada mediante la cual se regule la cuestión planteada y se instruya a los tribunales inferiores para que no dispongan traslados de detenidos civiles o militares de lesa humanidad al Hospital Militar y otra dependencias médicas militares".
"Se ha advertido que gran parte de esos traslados ordenados judicialmente no revisten criterios médicos suficientes que justifiquen la atención en dichos nosocomios"
En el mismo sentido, subraya que, "para el tratamiento médico de los detenidos por crímenes de lesa humanidad, el Servicio Penitenciario Federal cuenta con el Hospital Penitenciario Central I", el cual "está dotado de las especialidades médicas de mediana y alta complejidad, junto con una adecuada infraestructura de seguridad penitenciaria".
Por último, solicita que "ante la eventualidad de que un detenido requiera la asistencia de un especialista que no revistiera en la planta del Hospital Penitenciario de Ezeiza, sugerimos que sea el profesional médico quien se traslade hasta la unidad penitenciaria para brindar el tratamiento correspondiente".
La solicitud ante la Corte, se concretó luego de que el propio Alak informara que el director del Servicio Penitenciario presentó una denuncia penal ante la justicia federal de la Capital Federal, para que se investigue en profundidad la fuga de los detenidos por crímenes de lesa humanidad de Gustavo Ramón De Marchi y Jorge Antonio Olivera, desde el Hospital Militar Central.
Al mismo tiempo, el Ministerio dispuso esta tarde recompensas de 2 millones de pesos para quienes aporten datos que permitan lograr la captura de los represores.
Fuente: Télam
