Las empresas, en su mayoría exportadoras, facturaron 290 millones de pesos entre junio de 2009 y agosto de 2010, manejando como herramienta de evasión operaciones de compraventa de granos en negro a través de la creación de “sociedades pantalla” que estaban a nombre de personas de barrios humildes, indigentes y hasta fallecidos. También utilizaron como testaferros a acopiadores con silos abandonados para justificar cartas de porte; extracciones bancarias de grandes sumas de dinero en efectivo y proveedores de grandes exportadores de cereales.
Entre las empresas allanadas, se encuentran Cargill, Bunge, Nidera y Noble Argentina, según confirmaron a LPO fuentes de la AFIP, que también informaron que el origen de las investigaciones que desembocaron en las inspecciones se inició por cruces informáticos realizados durante los últimos meses del año pasado. Por medio de estos seguimientos se conoció la existencia de estas sociedades fantasma que no pagaban impuestos.
Echegaray denunció a estas firmas el 3 de noviembre de 2010 en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, que preside el diputado Ricardo Buryaile, de la UCR. En ese momento, Echegaray se refirió a las maniobras de las grandes exportadoras, entre ellas, el caso “Patria Cerealera”, que involucra a las firmas allanadas en el día de hoy.
En esa denuncia en el Congreso, el titular de la AFIP había aclarado que mientras estos grupos concentrados son los que más tienen que aportar para el aumento de la recaudación, recurrieron a una planificación fiscal nociva.
Los 117 allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de Lomas de Zamora. En ellos, participaron 740 agentes y técnicos en informática especializados en el cruce de información. En la Capital Federal se allanaron 39 domicilios, en la provincia de Buenos Aires 23, en Santa Fe 22, en Córdoba 21, en Tucumán 4, en Entre Ríos 3, en La Pampa 2, en San Luis 2 y en Salta 1.
Desde el organismo gubernamental afirman que el caso ya está en manos de la Justicia, que cuenta con testimonios de los propios indigentes que aceptaban dinero para firmar papeles. (La Política Online)
