La organización internacional de derechos humanos pidió al gobierno de España "que colabore expresamente", para lograr la extradición de los imputados
Amnistía Internacional "celebra la decisión de la Justicia argentina, que ordenó la detención de 20 imputados por crímenes cometidos durante el franquismo y el comienzo de la transición española", consignó un comunicado.
La organización internacional de derechos humanos pidió al gobierno de España "que colabore expresamente", para lograr la extradición de los imputados, entre ellos los ex ministros Rodolfo Martín Villa y José Utreta Molina, agregó el documento.
Amnistía Internacional recordó que "España se negó a colaborar el año pasado en la extradición solicitada por Argentina de Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño y el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar".
"Durante la Guerra Civil y el franquismo fueron muchas las víctimas de graves abusos que el derecho internacional prohíbe y condena, como tortura, ejecuciones extrajudiciales, ataques contra la población civil, persecución política, religiosa o racial, encarcelamientos arbitrarios, sometimiento a trabajos forzados y otros actos definidos como crímenes contra la humanidad", afirmó.
El pedido del fiscal, que dio paso a la resolución de la magistrada, se produjo luego de que ambos viajaran a España para tomar declaración a sobrevivientes y familiares de víctimas y obtener documentación para avanzar en la causa que tramita en la Argentina, por aplicación del principio de "justicia universal".
Además de las de Villa y Utreta Molina, la jueza reclamó la detención de Antonio Carro Martínez, Fernando Suárez González y Jesús Cejas Mohedano, quienes fueron autoridades de la época y ex miembros del Consejo de Guerra del franquismo y policías.
Además pidió la detención de Licinio De La Fuente, José María Sánchez, Antonio Barrera de Irimo, Ventura Pascual, Alfonso Osorio García, Carlos Rey González, Jesús Quintana Saracibar, Antonio Troncoso de Castro, Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado De La Fuente Reglero, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés y Atilano del Valle Oter.
La causa se inició por la denuncia que en abril de 2010 presentaron el hijo de un gallego fusilado en 1936 y la sobrina nieta de dos ejecutados en 1937, a la que luego se sumaron "entre 150 y 200" familiares de presuntas víctimas, según datos de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (Ceaqua).
Se presentaron como querellantes la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, Abuelas de Plaza de Mayo, Liga por los Derechos del Hombre, Comisión Provincial por la Memoria, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS).
También la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y el Comité de Acción Jurídica.
Fuente: Télam
