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Ley de Fueros

Cadó justificó su proyecto

La presidenta de la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, Sara Ludueña de Cadó(FCyS), dijo que impulsó la ley provincial de fueros, que el miércoles recibió media sanción de los diputados, porque “era necesario y oportuno fijar los límites y alcances de las inmunidades constitucionales para legisladores, funcionarios y magistrados, mismas mediante una ley reglamentaria de los artículos 103º, 104º y 105º de la Constitución Provincial”

Cadó, recordó que el 1 de noviembre del 2000, en tratamiento sobre tablas y por unanimidad, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley provincial de fueros que “perdió estado parlamentario en el Senado por el transcurso del tiempo y no pudo obtener la sanción definitiva”

Consignó que “actualmente, vuelven los legisladores de la Cámara de Diputados, como en el 2000, a expresar mediante proyecto, tanto del bloque del Frente Cívico y Social como de los bloques de oposición, nuestra voluntad de que se fijen por ley los límites y alcances de las inmunidades parlamentarias, contando también como una expresión en igual sentido por parte de los senadores mediante un proyecto de ley similar, lo cual nos da esta vez la esperanza de que por fin vamos a tener una sanción definitiva de una ley de fueros en la provincia de Catamarca”

Especificó que “los artículos 103º, 104º y 105º de la Constitución Provincial establecen respecto de los legisladores las inmunidades de opinión, arresto y proceso, siendo esta última la que ha dado lugar a continuos debates jurídicos doctrinarios a nivel nacional y provincial toda vez que se considera que las inmunidades solo son de opinión y de arresto y no de proceso”

Después de hacer referencia sobre el origen de las inmunidades parlamentarias, enfatizó que con las mismas no se trata de acordar un privilegio personal a los legisladores “sino asegurar el normal funcionamiento del Poder Legislativo”

“Estas inmunidades o prerrogativas son irrenunciables, pertenecen al Cuerpo pero benefician a los legisladores en cuanto tal, es por ello que semánticamente es preferible hablar de prerrogativas y no de privilegios, pues mientras entre las primeras se confieren objetivamente y en función del cargo, los últimos lo son subjetivamente y en razón de la persona”, amplió.

Dijo que con su iniciativa “no se pretende alterar las prerrogativas o inmunidades parlamentarias, sino fijar sus límites y alcances mediante una correcta interpretación de los textos constitucionales en su aplicación práctica”

Resaltó que lo que se pretende con este proyecto es que “tanto los legisladores, como funcionarios o magistrados, a partir de la sanción de esta ley, esté en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano sometido a proceso y cuando llegue el momento de una decisión judicial vinculado al arresto, allí sí entonces se deba pedir el desafuero por una razón elemental, porque la inmunidad de arresto preserva no solo los derechos del legislador sino el derecho a que funcionen las instituciones que representan al pueblo de la provincia”

Luego de hacer notar que tanto el Código Procesal actual en nuestra provincia, como el anterior, impusieron la necesidad del desafuero como suspensión previa para que sea indagado un legislador, funcionario o magistrado, destacó que “con este procedimiento que establecemos ahora, derogando el artículo del obstáculo y los demás artículos relativos a estos obstáculos constitucionales, dejamos libre el camino del cumplimiento de todas las etapas del proceso, como también el beneficio del comparendo espontáneo”

“Con este proyecto de ley decimos que el legislador, funcionario o magistrado que aparece imputado tiene el deber y también el derecho de comparecer cuando el juez lo llama, y aún tiene el derecho sin que lo llame el juez de ir y exigir, con norma jurídica sustentadora, que le reciba indagatoria y la prueba que quiera ofrecer en descargo suyo; y también, por qué no, se va a terminar con otro abuso que es el de pedir desafuero sin existir pruebas al respecto”, reseñó.

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