Cuando el federalismo debe ser entendido como un sistema en el que coexisten y protagonizan conjuntamente el gobierno central y las provincias emerge la figura institucional del COFEMA, como el espacio natural de encuentro Federal para abordar los problemas y las soluciones del medio ambiente de la República Argentina.
En toda federación, el Estado central y los estados provinciales son miembros coordinados en un mismo plano de participación, de decisión plena y no subordinados entre sí; este es el eje meridiano de la nueva institucionalidad ambiental en nuestro país.
El COFEMA es tal vez, la expresión más real y contundente de los propósitos intrínsecos del federalismo de concertación, del federalismo de debate y de acuerdos al que aspira la Constitución Nacional reformada en 1994, una de las Carta Magna más avanzadas de todo el continente americano.
Al ser las provincias las dueñas originarias de los recursos naturales, va de suyo que el federalismo de consenso es la presencia misma del sistema federal de organización política.
La otra mirada se hace manifiesta en el COFEMA porque se revierte la tendencia del centralismo y se gira hacia la búsqueda de equilibrios que ninguna gestión política aislada puede lograr.
Las provincias y el gobierno nacional protagonizan en el COFEMA la perspectiva más integral donde las autonomías locales pueden pronunciarse con un criterio que va desde lo particular a lo general y no ser meras espectadoras de las determinaciones tomadas en la concepción macrocefálica del poder.
El 31 de agosto de 1990 en la ciudad de la Rioja nace el COFEMA para ser un organismo, con personería jurídica de derecho público que coordine la elaboración de la política ambiental entre los Estados Miembros.
Los estados partes se obligan a adoptar a través del poder que corresponda las reglamentaciones o normas generales que resuelva la Asamblea cuando se expida en forma de resolución.
No es un dato menor que la iniciativa la hayan tomado los estados provinciales, que tenían por entonces, la clara visión de posicionar a los asuntos ambientales en la agenda política del país y que apreciaban que la desigual evolución de la políticas ambientales locales o regionales, las asimetrías legales y la propia exigencia de los tiempos instalaban al Ambiente como un tema trascendente.
