Menciona, también que como ya lo hiciéramos en oportunidades anteriores, honrando a la representación como integrantes de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, “venimos denunciando diversas tácticas oficiales: el uso de la publicidad oficial de manera discrecional, diferenciando entre `amigos´ y `enemigos´; la sospechosa compra de medios de prensa que permite el despido de periodistas frecuentemente críticos con la gestión de gobierno y hasta la utilización de la estructura sindical aliado del Gobierno para impedir la libre circulación de los periódicos más importantes del país, son antecedentes más que suficientes para haber encendido la luz de alarma”.
“Ahora venimos a dejar constancia de otra estrategia: la presión confiscatoria y persecutoria de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en perjuicio de diarios de la Capital Federal y del interior del país”, remarca Collantes para mencionar que “por lo menos, así lo denunció ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas) en su 139º Junta de Directores donde recogió testimonios de sus medios afiliados sobre esta deleznable práctica”.
Y describe posteriormente: “Algunos testimonios sirven para describir la situación: Jorge Brinsek (director de Primera Edición, de Posadas) relató que `todas las semanas, como una maniobra de hostigamiento´ tiene inspecciones de la AFIP, situación que también soportan otros medios del país. A continuación, expuso Gustavo Víttori (El Litoral, de Santa Fe) quien advirtió que `no sólo está en riesgo la libertad de prensa, sino que el Estado de Derecho ha sido vulnerado por los hechos, opinión que fue compartida por los restantes asistentes a la 139º Junta de Directores de ADEPA´”.
Objetivo político
“Esta presión -menciona Collantes-, calificada con acierto por ADEPA como `confiscatoria´ en lo económico, sin dudas que esconde el objetivo político de debilitar la línea editorial de los medios de prensa díscolos. Recordemos que gran parte de la independencia de la prensa depende de su independencia económica, para conservar la distancia necesaria no sólo del poder político, sino también del poder económico. ADEPA expresó su `muy grave preocupación ante la irregular y arbitraria persecución fiscal que están sufriendo los medios de comunicación gráficos y audiovisuales de todo el país, y que puede desembocar, en el corto plazo, en la clausura de muchas pequeñas y medianas empresas periodísticas que han desarrollado durante décadas su labor informativa en forma independiente´".
Además, advierte que no “deja de llamar la atención que esta estrategia del oficialismo se concrete `sugestivamente, en un año electoral´, como plantea ADEPA en su documento final.
Collantes coincide con ADEPA en que "el periodismo es un bien estratégico y nutre con eficacia -más allá de errores y limitaciones- a un genuino sistema republicano. Por eso mismo existen en el mundo políticas destinadas a preservarlo y fortalecerlo en su sustentabilidad y diversidad. Brasil, EE.UU., Francia, España o el Reino Unido, con sus recientes medidas destinadas a paliar la actual crisis de los medios, son ejemplo de ello. Es decir que no estamos considerando privilegios impositivos, sino decisiones estratégicos sobre el mercado de los medios de prensa y su función de servicio. Venimos de un contexto donde la presión fiscal sobre los medios de comunicación fue creciendo con la aplicación de diversos impuestos, sin tener en cuenta los efectos de la crisis del 2001 que motivó la desaparición masiva de puestos de trabajo en el sector periodístico”.
Plantea finalmente, que ADEPA recordó “que en aquel momento de crisis `ante el riesgo de un quebranto masivo, se estableció un plan de competitividad para el sector. En 2003 se dictó el decreto 746, que extendió por seis meses los efectos de dicho régimen y por el cual el Estado se obligó a establecer una solución definitiva para corregir el desequilibrio generado en el sector. Ante la prolongada inacción estatal, la prensa acudió a la Justicia. En el camino, ADEPA denuncia que `pese a la claridad de dicha protección judicial, sugestivamente desde hace tres meses la AFIP se encuentra intimando, de manera abusiva, a centenares de medios de prensa de todo el país a través de cartas documento, inspecciones integrales, determinaciones de deuda cuya existencia está en debate y otras herramientas de presión. El riesgo es que tal conducta, desplegada de manera casi desafiante pese a decisiones judiciales, no responda sólo a un exceso de afán recaudatorio sino a una finalidad extrafiscal que encubra otras intenciones, lo cual sería aún más preocupante para la libre expresión´, agrega la entidad madre de los medios periodísticos de la Argentina que ya tienen 47 años de existencia.
