Pero las defensas corporativas se concentrarán seguramente sobre la elección de los miembros del instituto facultado para seleccionar y remover a los jueces y sobre la reglamentación de las medidas cautelares que pasaron de ser decisiones formales a afectar el fondo de las cuestiones judiciales, como ocurre con la Ley de Medios.
El en el verano del 2010, la jueza María José Sarmiento también frenó con una medida cautelar la utilización de reservas del Banco Central, con lo cual la justicia pasó a decidir sobre una cuestión de política económica propia del Ejecutivo, como es si se debe o no utilizar esos recursos para el pago de la deuda o para inversiones productivos.
Cristina considera que la utilización de las medidas cautelares utilizadas alegremente para obturar medidas de fondo, producen una "distorsión del derecho" y enviará en consecuencia un proyecto de ley tendiente a reglamentar ese instrumento jurídico.
Para ventilar un tanto los recovecos del Poder Judicial, también promoverá un proyecto tendiente a limitar que ese poder del Estado se integre permanentemente con parientes de los jueces, lo cual producirá igualmente algunas reacciones de defensa corporativa.
Pero la batalla central se dará seguramente en el Congreso sobre el proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura que fue incorporado a la Constitución Nacional durante la reforma de 1994 y está integrado actualmente por dos abogados, tres jueces, un académico, seis legisladores y un representante del gobierno.
Los legisladores llegan a ese cargo con la legitimidad de origen que les da haber sido elegidos por el pueblo para legislar, pero el resto sólo se somete a elecciones internas: "Los jueces y abogado no tienen coronita", dijo la Presidenta durante su prolongado discurso del viernes en el cual planteó la reforma judicial.
Para quienes defienden a la justicia con criterios corporativos, la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura como ocurre en naciones como Italia, implica una politización indebida de la justicia, pero para quienes reivindican por sobre todo la legitimidad del voto popular, el nuevo mecanismo implicará una bocanada de aire fresco en un poder que se mantuvo incólume durante los 30 años de democracia recuperada.
El proyecto ampliará además el número de académicos que participen en el Consejo de la Magistratura y permitirá que no sean especialistas en derecho, con la idea de que la justicia no es propiedad exclusiva de los juristas, sino de todo el pueblo.
La justicia argentina carga con la mancha de que la Corte Suprema de Justicia haya legitimado el golpe de Estado contra Hipólito Yrigoyen en 1930, a partir de lo cual se inició una indisimulable connivencia de ese poder del estado democrático con las dictaduras militares del siglo XX en la Argentina.
En 1984, tras la asunción del presidente Raúl Alfonsín, la Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por el catamarqueño peronista Vicente Leonides Saadi, trabajó a destajo para convalidar las designaciones de jueces, diplomáticos y ascensos militares.
Los cronistas parlamentarios le señalaban periódicamente a Saadi, los oficiales cuyos ascensos eran propuestos por el Poder Ejecutivo pese a que estaban acusados de violaciones a los derechos humanos.
Una tarde, en la soledad de su despacho, el astuto catamarqueño reconvino a un cronista: "Ustedes siempre me cuestionan los ascensos de oficiales que pueden ser dados de baja con la simple decisión del jefe del arma o del comandante en jefe, que es el presidente de la Nación. Pero nada me dicen acerca de los acuerdos para los jueces, que serán de por vida los jueces de la democracia".
El ex diputado Alejandro Rossi, hermano del presidente del bloque del Frente para la Victoria en la cámara baja, impulsó en 2009 un proyecto que afectaba precisamente el carácter vitalicio de los jueces.
Pero la iniciativa, que tenía el mismo sentido democratizador que las normas que ahora propone la Presidenta, no prosperó.
Alejandro Rossi sostenía que los jueces son una corporación que vive en el mismo barrio, comen en el mismo restaurante y sus pautas de conducta no cambiaron al pasar de la dictadura a la democracia.
La renovación completa de la Corte Suprema de Justicia impulsada por el presiente Néstor Kirchner apenas asumió, fue saludada por los opositores como una medida refrescante. Los antecedentes de los nuevos miembros fueron elogiados hasta por los opositores al gobierno, por su honestidad y condiciones intelectuales.
Pero aquel comienzo esperanzador no produjo luego los cambios deseados en la estructura del Poder Judicial: las causas se atrasan y no pocas veces surgen fallos sorprendentes que dejan en la calle a delincuentes reincidentes.
La Causa de la voladura de la Embajada de Israel duerme hace más de veinte años en la Corte Suprema de Justicia como una herencia macabra de la Corte de la mayoría automática del menemismo. Posee toneladas de papeles que no llevan a ninguna conclusión concreta, como lo señaló la Presidenta en su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias al reivindicar el acuerdo con Irán como un intento válido para revitalizar la causa. Es solo uno de los casos que revelan la pesadez de la justicia argentina.
Como si esto fuera poco, ese poder del Estado apareció en sintonía muy distinta a la del Poder Ejecutivo, embarcado en cambios estructurales. Los roces fueron inevitables.
Con los proyectos que enviará seguramente esta semana al Parlamento, Cristina Fernández intenta sacudir la modorra.
Fuente: Télam
