En el inicio de la sesión, el diputado Fidel Sáenz (PJ) se refirió a un conflicto suscitado en un asentamiento denominado “La Esperanza” que está ubicado en la zona norte de la ciudad Capital. En este sentido, el diputado mencionó la ordenanza emitida por el Concejo Deliberante de la Capital, en la cual se declara de interés público y sujeto a expropiación una parcela de terreno ubicada en esa zona, con el fin de ser destinado a la urbanización.
De acuerdo a esto, opinó que el Concejo Deliberante no tiene las competencias de expropiación, ya que “constitucionalmente y legalmente” solo el Poder Legislativo puede hacerlo a través de un proyecto de ley.
Seguidamente, explicó la situación diciendo que una vez que fue aprobada la ordenanza “se recurrió por vía judicial para la toma de esos terrenos, y una jueza acredita esa situación y le dá validez y una vez que la Municipalidad toma posesión de los terrenos se le traspasa este inmueble al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) quien no tuvo mejor idea que agarrar las topadoras e ir contra algunos pobres habitantes de la zona norte de la ciudad”.
“Nosotros ni la gente que vive ahí puede estar en contra de que se proceda a la urbanización de este asentamiento, pero creo que no es la manera más eficaz en la que se ha encarado este problema”.
El diputado Juan Pablo Millán (FCS) le respondió que “no se puede livianamente hacer imputaciones a un organismo desconociendo que hay una orden emanada por una Jueza de la provincia, remarcando que “lo que se pretende es brindarle una solución a aquellos que originariamente tomaron posesión por necesidad, pero dentro de la ilegalidad”.
En otro orden de las cosas, Carlos Rosales (Bloque Justicialista) hizo referencia a la problemática que se dio por los sucesivos incumplimientos de la empresa prestadora del servicio eléctrico Edecat y expresó su repudio ante la actitud que tuvieron, “tanto a los que dieron nacimiento a esa empresa como a los que haciendo oídos sordos la sostuvieron en el tiempo contra toda oposición responsable”.
El Diputado Balverdi produjo una interrupción en el tema Edecat, y se refirió nuevamente al sistema previsional del país, insistiendo que lo mejor es el sistema mixto, que involucre al privado y al estatal. Al mismo tiempo, consideró que en la medida designada por la Presidencia de la Nación de eliminar el sistema previsional privado, los actores principales que son los jubilados no tienen lugar en la discusión y son ellos los que deben decidir.
En tal sentido, el diputado Vera compartió la idea de tomar como principales actores a los jubilados, y pidió para que la provincia dé cumplimiento al 82% móvil a los jubilados transferidos según lo dicta la Ley 5192, petición que “desde el peronismo venimos sosteniendo”, expresó.
Siguiendo con el tema de Edecat, Vera ratificó que los problemas en el servicio nacen con la decisión del bloque del Frente Cívico y Social de privatizar la empresa, negando que el peronismo tenga alguna responsabilidad en las decisiones del oficialismo.
De esta manera, recordó que la decisión de privatizar la empresa se concretó en la época en que el primer mandatario provincial era Castillo, y que existieron tres proyectos que fueron unificados, referidos a dicha privatización, en la cual la bancada justicialista expresó su voto negativo a este dictamen, recibiendo solo la aceptación del bloque oficialista.
Terminando con su exposición, dijo que el Frente Cívico no hizo nada para garantizar el buen estándar de vida en relación al suministro de energía eléctrica, cargando una “responsabilidad histórica” del bloque mencionado.
Seguidamente, volvió la réplica de Balverdi quien acusó al “peronismo de negar al propio peronismo”, recordando que en ese entonces el gobierno nacional peronista era quien impartió las medidas de las privatizaciones, y que la provincia se hizo eco de lo designado por la Nación.
Del mismo modo, tomó partido de estas declaraciones la diputada Cadó quien llamó a “recurrir a la memoria”, entendiendo que el Frente Cívico “no es el responsable de las privatizaciones”. Con respecto a esto, manifestó que estas designaciones llegaron desde la Nación, implementándose en todo el país y constituyendo un sistema asignado por el peronismo.
Ya finalizada la discusión entre bancadas oficialistas y opositoras, el diputado Juan Pablo Millán reclamó la pronta conformación de las Comisiones Bicamerales de carácter urgente, en la cual cada bancada propuso a sus representantes.
En un principio, para la conformación de la Comisión de Seguimiento de los Contratos de los Servicios Públicos, el Frente Cívico propuso a Millán y Salerno, pero con la postulación de Renato Gigantino y Juan Pablo Bosch para ser integrantes, se debían restar integrantes de los otros bloques.
Luego de un cuarto intermedio, Gigantino –quien además propuso la conformación de la Comisión Revisora de Cuentas- y que en un principio había pedido formar parte de ambas comisiones, se retiró de la Comisión de Seguimiento, ya que su intención fue “destrabar la situación”, explicando que de ninguna manera trataba de dejar de lado el compromiso que tiene como representante. “Renuncio a la comisión, pero voy a seguir trabajando, voy a pedir formar parte para plantear mi visión política aunque no voy a poder votar”, sostuvo.
El conflicto entre las bancadas del Frente Cívico y el Interbloque, surgió cuando Marcelo Rivera postuló a Néstor Tomassi, Nicolás Verón y agregó a Fidel Sáenz, lo que obligó al Frente Cívico a pensar en bajar un candidato, ya que habían propuesto a Millán y Salerno para la Comisión de Seguimiento. A su vez, pidió que la votación sea de forma nominal, moción que fue cuestionada por Millán quien dijo que los gestos de integración que tuvo Gigantino se vieron opacados por el “avasallamiento” de los integrantes del Interbloque.
La votación arrojó una paridad, que debió ser desempatado por el presidente del cuerpo, Oscar Brizuela quien votó afirmativamente por el petitorio de Rivera de contar con tres integrantes en la Comisión Bicameral de Seguimiento.
En reacción de ello, la diputada Sara Ludueña de Cadó catalogó la decisión del cuerpo de “bochornosa”, ya que entendió que el Frente Cívico siendo el bloque que más integrantes tiene –comparado con los cuatro bloques que conforman el Interbloque- debía contar con la posibilidad de integrar a la comisión a sus dos postulantes.
En consecuencia, Fidel Sáenz trajo a la memoria cuando el justicialismo era minoría dentro de la Cámara y acusó al oficialismo de no permitir su participación. Asimismo, cargó contra el Frente Cívico de no utilizar las prácticas democráticas.
Finalmente las Comisiones fueron conformadas y quedaron de la siguiente manera:
* Comisión de Seguimiento: Néstor Tomassi, Nicolás Verón, Silvia Moreta, Gustavo Saadi, Fidel Sáenz y Julio Salerno.
* Comisión Revisora de Cuentas: Renato Gigantino, Juan Pablo Bosch, Néstor Tomassi, Silvia Moreta, Daniel Andrada y Juan Carlos Balverdi.
Proyectos aprobados
En primer término, se aprobó el proyecto de declaración iniciado por Nicolás Verón sobre la adhesión de la Cámara al Día de las Bibliotecas Populares.
Asimismo, obtuvo media sanción el proyecto de ley impulsado por Mario Perna, el cual prevé la creación de la Comisión del Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Más adelante, se trató y fue remitido al Senado el proyecto de ley iniciado por las diputadas Verónica Mercado y Egle Altamirano sobre la creación de Compromiso Escolar de Convivencia, que fue analizado en su momento por la Comisión de Cultura y Educación de la Cámara de Diputados.
Del mismo modo, fueron aprobados los proyectos iniciados por Julio Salerno. Por un lado, el que declara de interés legislativo el 7º Encuentro de Rectores de Universidades Estatales de América Latina y el Caribe, a realizarse los días 20 y 21 de noviembre en la provincia de Jujuy. Por otro lado, el que declara de interés legislativo la XII Asamblea General del Consejo de Rectores por la Integración de la Subregión Centro Oeste de Sudamérica Criscos.
Por último, se aprobó definitivamente el proyecto de ley que en su origen fue iniciado por Oscar Vera y que vuelve del Senado sufriendo sus respectivas modificaciones, de establecer un subsidio por única vez destinado al salvataje económico de la Cooperativa de Tamberos. En tal sentido, Rivera expresó que era necesario agilizar la salvación de Tamberos para darle fin a la problemática que tenía en vela a los trabajadores de la cooperativa, y que ahora el Ejecutivo contará con la herramienta necesaria para actuar.
