El abogado constitucionalista Rodolfo Ponce de León consideró que el discurso del diario Río Negro "es hipócrita ya que en mientras en sus editoriales proclama la moral y las buenas costumbres un poco más allá publicita la oferta sexual y facilita la prostitución".
"Estamos ante una contradicción" añadió, en diálogo con Télam, porque "es un acto delictivo manejar una casa de citas, pero está libre de castigo el medio de prensa que publica avisos sobre los lugares en donde se comercia con el sexo".
Ponce de León, quien fuera convencional constituyente provincial en 1988 y nacional en 1994, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional del Comahue, sostuvo que "el decreto presidencial que prohíbe la publicación de oferta sexual es totalmente correcto y aplicable".
"La Convención Americana de los Derechos Humanos, a la que nosotros adherimos en la reforma constitucional de 1994, establece con claridad las restricciones a la prensa cuando se trata de evitar la explotación de las personas y de las minorías" agregó.
La organización neuquina Sin Cautivas denunció que en un prostíbulo publicitado por el diario Río Negro el año pasado se descubrió la existencia de una mujer paraguaya víctima de trata de personas.
Emilse Kejmer, integrante de esa organización, aseguró que "el amparo no sorprende. Hemos denunciado varias veces el rol central que ocupan los medios en la difusión de espacios donde se ejerce la prostitución y la hipocresía de hablar de este flagelo y publicar anuncios".
La mujer destacó, además, que el amparo del diario Río Negro "se cae por todos lados porque lo que busca no es defender la libertad de expresión sino defender su negocio, tanto propio como de terceros, ya que los que publican los avisos no son las prostitutas sino verdaderas organizaciones que las explotan".
Por su parte, Fabiana Tuñez, cofundadora de la ONG la Casa del Encuentro, que lucha contra la trata y la violencia contra las mujeres, remarcó que el recurso de amparo "no corresponde porque el decreto presidencial está basado en dos leyes nacionales".
"Una es la Ley de Medios y la otra la Ley contra la Violencia, donde se especifica la norma en que se sancionará cualquier tipo de manifestación que reproduzca estereotipos de violencia, abuso y discriminación hacia las mujeres", recalcó Túñez.
Precisó que el 70% de los avisos publicados de oferta sexual "son realizados por tratantes y proxenetas" y aseguró que el decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner "es un viejo reclamo de todo el movimiento de mujeres".
Mabel Bianco, directora de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), recalcó que el recurso "busca abrir un antecedente para paralizar el efecto del decreto que estableció la restricción para la venta de sexo" en los medios.
Para la especialista en temas de género, "lo que plantea el diario es un exceso de atribuciones, porque se presenta un decreto reglamentario en base a una ley que no prohíbe la prostitución, la misma salvedad que plantea el grupo de meretrices cuando dice que no se está contemplando a las personas adultas que ofrecen voluntariamente un servicio sexual".
La senadora bonaerense, Viviana Arcidiácono (PJ/FpV), consideró que la presentación judicial "se motiva solo en cuestiones económicas" ya que "quien reclama es aquel que recibe, entonces el recurso deviene en función de la merma económica que él sufre ante la prohibición".
La senadora reclamó "responsabilidad social empresaria a los medios de comunicación e involucramiento en este tipo de problemáticas" y sostuvo que "es incoherente que como Estado gastemos dinero para la prevención, la investigación del delito y financiemos a quienes hacen de intermediarios" para la trata de personas. (El Independiente)
