En la Causa 1.504 caratulada "VIDELA, Jorge Rafael y otros s/privación ilegal de la libertad personal" -"Plan Cóndor I" se encuentran imputados el mencionado Riveros, Eduardo Samuel De Lío, Carlos Humberto Caggiano Tedesco, Antonio Vañek, Carlos Tragant, Luciano Benjamín Menéndez, Bernardo José Menéndez, Jorge Carlos Olivera Róvere, Eugenio Guañabens Perelló y Carlos Miguel Landoni.
En esta causa se investigan presuntas violaciones a los derechos humanos, las cuales alcanzan un total de 108 casos, atribuyéndoseles a los imputados los delitos de asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad.
En la Causa 1.951 caratulada "LOBAIZA, Humberto José Román y otros s/privación ilegal de libertad"-"Plan Cóndor II" están imputados Humberto José Román Lobaiza, Felipe Jorge Alespeiti y Manuel Juan Cordero Piacentini (éste último militar uruguayo).
Se investigan presuntas violaciones a los derechos humanos en un total de 13 casos, atribuyéndoseles los delitos de asociación ilícita -sólo a Alespeiti y Lobaiza- y de privación ilegítima de la libertad.
En la Causa 2.054 caratulada "FALCÓN, Néstor Horacio y otros s/asociación ilícita y privación ilegal de la libertad personal" -Plan Cóndor III-", están imputados Néstor Horacio Falcón, Federico Antonio Minicucci, Enrique Braulio Olea, Horacio De Verda, José Julio Mazzeo, Reynaldo Benito Antonio Bignone, Rodolfo Emilio Feroglio, Luis Sadi Pepa, Mario Alberto Gómez Arenas y Juan Avelino Rodríguez.
En ese legajo se investigan presuntas violaciones a los derechos humanos, los cuales alcanzan un total de 35 casos y se les imputa el delito de asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad.
Finalmente, la Causa 1.976 caratulada "FURCI, Miguel Ángel s/privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos" -Automotores Orletti II-" está acusado Miguel Ángel Furci por presuntas violaciones a los derechos humanos, que habrían ocurrido en el período mayo a noviembre del 1976 en el centro clandestino de detención "Automotores Orletti", en un total de 67 casos, atribuyéndosele los delitos de privación ilegitima de la libertad agravada e imposición de tormentos.
Según informaron desde el tribunal, la duración del debate se estima en aproximadamente dos años, como mínimo, y está previsto que declaren alrededor de 500 testigos por estos hechos.
Fuente: Télam
