El representante del Ministerio Público Fiscal en este juicio, Walter Romero, pidió la pena de prisión perpetua para Verdura, Grosse y Ferreyra, en tanto que solicitó 25 años para Leites.
Por su parte, el abogado César Sivo, a cargo de la querella que impulsa la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, solicitó que se apliquen las mismas penas para los cuatro imputados.
En función de los testimonios de las víctimas y las pruebas que se presentaron durante el debate, los jueces Roberto Atilio Falcone, Néstor Rubén Parra y Mario Alberto Portela, que integran el Tribunal, resolvieron ampliar la acusación sobre los imputados a pedido de la acusación.
Al iniciarse las deliberaciones, que se desarrollaron en la sede que la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires posee en Olavarría, sólo Verdura, general retirado del Ejército, estaba acusado por homicidio agravado sobre dos víctimas.
En tanto que el resto de los imputados se encontraban imputados de privación "ilegítima de la libertad y tormentos".
Pero el Tribunal resolvió a mediados de noviembre que Verdura, a cargo del regimiento de Tanques que funcionaba en Olavarría durante la última dictadura cívico militar, sea acusado por seis asesinatos.
Amelia Isabel Gutiérrez de Ledesma, Juan Carlos Ledesma, Jorge Oscar Fernández, Graciela Follini de Villeres, Rubén Argentino Villeres y Alfredo Serafín Maccarini son los nombres de las personas asesinadas que figuran en el expediente y que se le imputan a este octogenario militar retirado.
Los magistrados decidieron también que Ferreyra y Grosse fueran acusados de los crímenes de Maccarini y Fernández, mientras que Laites mantuvo su imputación original.
"Dimos un gran paso porque acumulamos información y tenemos ahora elementos que podremos utilizar en otras causas", explicó el fiscal Romero a Télam a poco de conocerse la ampliación resuelta por el Tribunal.
En el juicio de Monte Peloni se investigan delitos de lesa humanidad que se cometieron durante la última dictadura cívico militar en ese centro clandestino instalado en la localidad de Sierras Bayas, cercana a Olavarría; y también en La Huerta, en Tandil, y en la Brigada policial de Las Flores.
Este circuito represivo estaba enmarcado en el área 1/12/124 que integraba la zona 1, en función del organigrama represivo que el Ejército aplicó en el territorio bonaerense.
Las víctimas eran personas que tenían militancia política y gremial en la denominada Tendencia Revolucionaria del peronismo que respondía a las directivas de la organización Montoneros.
Este proceso le dio a Olavarría la oportunidad de revisar su pasado en relación al terrorismo de Estado y a las complicidades civiles con la represión ilegal en la ciudad.
El debate comenzó un mes después de producirse la recuperación de la identidad por parte de Ignacio Guido Montoya Carlotto, nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
Hijo de Laura Carlotto y Walmir Oscar Montoya -asesinados en cautiverio a fines de los años 70-, Ignacio Guido fue criado por un matrimonio de apellido Hurban, y creció en una zona rural de Olavarría.
Esta pareja de peones rurales recibió al recién nacido de parte de Francisco Aguilar, un conocido empresario agrario que tenía aceitados vínculos con las autoridades castrenses que administraban la ciudad en tiempos de la dictadura.
Olavarría es además la ciudad donde ejerció el derecho Carlos Moreno, el abogado que pagó con su vida el hecho de haberle ganado un juicio laboral a la empresa cementera Loma Negra.
Moreno fue secuestrado en 1977, en pleno centro de la ciudad, y tras recibir "advertencias" que fueron trasmitidas a su socio, Marcos Gubitosi, por el jefe de personal de la cementera, Ernesto Cladera, ya fallecido.
El abogado estuvo cautivo en una chacra de Tandil, propiedad de los hermanos Emilio Felipe y Julio Manuel Méndez, ruralistas de la zona que resultaron condenados en 2012 por este hecho junto con los coroneles Julio Alberto Tommasi e Italo Pappalaro y el suboficial José Luis Ojeda, integrantes de la patota que secuestró al letrado.
"Creemos que con este juicio dimos un paso muy importante en el camino de construir Memoria, Verdad y Justicia. Con estos elementos podemos avanzar hacia otras causas como Monte Peloni II y empezar a reconstruir la trama de la complicidad civil con el terrorismo de Estado en esta ciudad", enfatizó Romero.
Fuente: Télam
