Para el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, detrás de las medidas judiciales más mediáticas ejecutadas por Bonadio, se encuentran la intención de desviar la atención sobre las mencionadas investigaciones.
"Bonadio viene montándose un escudo frente a los nueve expedientes de destitución que tiene el Consejo de la Magistratura", aseguró el funcionario nacional y señaló que el juez "es uno de los más cuestionados de la Justicia federal".
Una de las principales causas por la que es investigado Claudio Bonadio, ahonda sobre su desempeño en la llamada causa "Tandanor", por la indebida extensión del plazo para la elevación a juicio del expediente.
El juez fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5, dado que todos los acusado por defraudación al Estado en la venta del principal astillero público, fueron sobreseídos por el vencimiento de los plazos procesales que produjo Bonadio.
Según la presentación judicial, en agosto 1999, se presentó una denuncia penal cuando el consorcio Marítimos S.A., holding que adquirió el astillero, dejó de cumplir con los pagos previstos en el pliego de privatización, implementado cuando el magistrado investigado integraba el ejecutivo nacional.
Ya como juez a cargo del Juzgado Nro. 11, Claudio Bonadío recibió el expediente en 2003 y 2006 se dio por concluida la investigación, y el Ministerio de Defensa, la Oficina Anticorrupción (ambos como querellantes) y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 4, requirieron la elevación a juicio oral.
Sin embargo, el auto de elevación a juicio se materializó tres años después de los requerimientos de los querellantes y la Fiscalía, sin que en dicho lapso hubiere mediado impulso procesal alguno por parte del magistrado.
Idéntica situación afronta en la causa "Yoma", en la que se investigaba a la curtiembre de esa familia por defraudar a la administración pública a través del acceso a un régimen de promoción industrial que luego utilizaban como garantías de préstamos.
Al igual que en la causa Tandanor, Bonadio es investigado por una demora injustificada en el desarrollo de la etapa de instrucción, que permitió la prescripción de la acción penal.
Estas dos causas se están tramitando en conjunto en el Consejo de la Magistratura, y hay pendiente de resolución existe un pedido de apertura del procedimiento de remoción del juez con inmediata suspensión en sus funciones.
Otra de las causas en la que fue denunciado por mal desempeño de sus funciones, se refiere al juicio por el contagio masivo de más de mil doscientos pacientes hemofílicos con los virus de HIV, Hepatitis B y Hepatitis C, ocurrido en 1984.
El denunciante busca esclarecer por qué Bonadío demoró injustificadamente la citación a indagatoria de los imputados, las cuales fueron tomadas recién tres años después de iniciada la causa, mientras que otros imputados no fueron nunca indagados, pese a que se lo ordenó la Cámara.
En dos oportunidades este juez declaró el sobreseimiento de los acusados, pero ambos dictámenes fueron revocados por la Cámara que le ordenó realizar nuevas medidas, entre ellas indagar a los imputados, medidas que el juez nunca concretó.
Una cuarta demanda fue presentada por Diego Lorenzo Sanoguera, quien denuncia que en el juzgado a cargo de Bonadio recibió malos tratos cuando en reiteradas oportunidades se presentó en la oficina judicial para solicitar un certificado de sobreseimiento.
También existe otro expediente vinculado a los malos tratos recibidos por la abogada Gloria Altamirano, quien denunció al juez por "violaciones graves a sus deberes" cuando el magistrado le impidió tomar vista de las actuaciones en reiteradas oportunidades, en paralelo al trato "cruel, inhumanos y degradante" aplicado por el magistrado de quien incluso debió soportar comentarios despreciativos de distinta índole.
Bonadio también tuvo una actuación mediática durante el proceso judicial que investigó el accidente ocurrido en la estación de Once el 22 de febrero de 2012, de donde se desprenden tres denuncias en su contra.
Una de ellas, fue la presentación del Dr. Andrés Marutián, defensor de Ricardo Jaime, que acusa a Bonadío por mal desempeño y abuso de autoridad, en virtud de que el magistrado resolvió rechazar in límine un pedido de exención de prisión de su defendido sin dar intervención al Fiscal de la causa, e incurrió en una demora injustificada en la elevación del incidente de apelación de la resolución denegatoria de la libertad.
Al mismo tiempo, el abogado de la querella mayoritaria de damnificados por el accidente, el Dr. Gregorio Dalbón, denunció que asistió a numerosos actos procesales que dan muestra de un comportamiento arbitrario por parte del juez, a quien acusó de utilizar la ´causa once´ para fines propios y no para la búsqueda de la verdad.
En este sentido, Dalbón aseguró que Bonadio direccionó la investigación a demostrar que se trataba de una acción fraudulenta del Estado, frente a lo cual acudieron a la Cámara del fuero, que señaló el erróneo proceder del magistrado.
El letrado argumentó su denuncia por mal desempeño en que el juez incurrió en un sistemático comportamiento que lesiona los principios del debido proceso legal, imparcialidad y defensa en juicio, todo lo cual configura el mal desempeño.
El mismo Dalbón presentó otra demanda contra el juez federal, entendiendo que utilizó su poder jurisdiccional como herramienta para imputar arbitrariamente a bomberos, policías y socorristas, a los fines de deslindarse de responsabilidad en el hallazgo tardío del cuerpo de Lucas Menghini Rey.
Según el abogado querellante, el magistrado ordenó a los bomberos y socorristas que cesaran la búsqueda del joven, quienes ofrecieron métodos alternativos de búsqueda para no afectar la escena del hecho, y el juez volvió a negarse a continuar la búsqueda.
Con posterioridad -y en virtud de la repercusión mediática alcanzada por el caso- imputó a bomberos y policías por incumplimiento de deberes de funcionario público, y los llamó a prestar declaración indagatoria.
El noveno expediente fue abierto a raíz de la presentación del Dr. Alejandro L. Rua por mal desempeño en sus funciones contra Bonadío por entender que cometió severas irregularidades al iniciar una campaña de hostigamiento e intimidación destinada a limitar el ejercicio de la legitima defensa de sus asistidos que afectaron los derechos de defensa de sus asistidos, situación que cesó solamente cuando la Cámara lo apartó de la causa.
Fuente: Télam
