Junto al pedido de interpretación de quien debe hacerse cargo del pago del 82 por ciento móvil, la Provincia también presentó ante la Corte Suprema de Justicia una medida cautelar de no innovar para evitar que ANSES embargue los fondos de la coparticipación federal para asegurarse los 70 millones que le reclama al gobierno de Brizuela del Moral.