El ministro de Gobierno, Francisco Gordillo, reconoció que “realmente nos duele mucho esta situación”, pero avaló la necesidad de liberar el camino porque ante el rechazo a los pedidos realizados a los antimineros para que pusieran fin a los cortes “hemos recibido la orden judicial de proceder a desalojar la ruta”.
“Hace 48 horas se produjo el desalojo de la ruta 40 que está en la entrada de Belén, en donde no hemos tenido ningún tipo de inconvenientes, y habíamos notificado a la gente que estaba llevando adelante el corte, porque siempre se apela primero a la gente para que entienda esta situación, y si no dejan otra alternativa, se actúa en función de la orden judicial.
“Nos duele muchísimo esta situación, pero lo único que llevamos adelante es el cumplimiento de una orden judicial para poder reestablcer un estado de Derecho y garantizar la libertad de tránsito en la ruta. Al mismo tiempo hemos invitado a la gente que estaba en el corte para que podamos dialogar y conversar. Esta gestión de Gobierno tuvo y tiene las puertas abiertas para solucionar todas las situaciones en el marco del consenso y del diálogo”.
En cuanto al eje del reclamo, el ministro recordó que la actividad minera “es una realidad en Catamarca desde hace 15 años” que incluso está contemplada en la Constitución provincial.
Ratificó además el compromiso oficial con el cuidado ambiental, al puntualizar que “la Secretaría de Minería ha dado a conocer el nuevo sistema de control ambiental y la inclusión de los ciudadanos que residen donde radican los emprendimientos mineros, para que puedan insertarse en este tipo de control ambiental y puedan estar tranquilos por la forma en que se llevan adelante la explotación minera y los controles para el cuidado del medio ambiente”.
“Se está trabajando, y lo estamos haciendo con mucha seriedad en este tema en particular. Hay que tener en cuenta que este gobierno ha asumido hace menos de 60 días, y ya dimos a conocer cuáles son los alcances de estas medidas de incluir a la sociedad en el tema del control ambiental”, expresó Gordillo.
El jefe de la cartera política del Gobierno ubicó la acción policial en Tinogasta como propia de un cuerpo “auxiliar de la Justicia” lo cual “forma parte de la función que tenemos como Estado”.
“Cuando hay un estado de Derecho y la Justicia emana una orden hay que cumplirla”, aseveró, y aunque subrayó que bajo ninguna circunstancia avala actos de violencia ni represión, es su deber asegurarse que se respete el derecho al libre tránsito, que se encuentra dentro de las garantías constitucionales.
Procedimiento con incidentes
Por orden judicial, se cumplió ayer con el desalojo de un grupo de personas que impedían la libre circulación de vehículos por la Ruta 60, en Tinogasta, a modo de protesta contra la actividad minera.
Ante el rechazo a la disposición de la Justicia, intervino personal de la Policía de Catamarca para efectivizar el cumplimiento de la medida, situación que generó incidentes y ataques a los efectivos policiales con piedras y otros objetos, aunque la ruta igualmente fue liberada minutos después.
Como consecuencia de los incidentes registrados en el procedimiento de desalojo de la Ruta 60, cinco manifestantes y quince policías debieron recibir asistencia médica. Fueron internados por diversas heridas diez efectivos de la Guardia de Infantería, cuatro agentes policiales y una subcomisario sufrió fractura expuesta. Además, fueron destrozadas cuatro combis policiales (dos de la Infantería y dos de la Escuela de cadetes) y seis perros de la División Canes terminaron heridos.
La violencia de los manifestantes alcanzó también a los vehículos que comenzaron a circular por la ruta luego de despejado el camino. Momentos después, los ataques alcanzaron también al edificio municipal, donde se rompieron vidrios, y a las instalaciones de Radio Acuario.
Al cabo del procedimiento ningún manifestante quedó detenido.
