"Esta evaluación deberá ponerse de manera inmediata en conocimiento del Tribunal interviniente y del Ministerio Público Fiscal, con el objeto de que puedan adecuar su pedido en orden a la información que les fuera proporcionada", señala la resolución que lleva la firma del ministro de Justicia, Julio Alak.
También se indica que "en todos los casos en los que cualquier detenido necesite atención médica se lo deberá atender prioritariamente en los hospitales y dependencias de salud con que cuenta ésta institución penitenciaria".
"No obstante, en caso de que el estado clínico del paciente exija la intervención de otro nosocomio, deberán utilizarse los hospitales públicos más cercanos al lugar de detención, en tanto se encuentren en condiciones de prestar la atención médica prescripta", precisa.
El 25 de julio se fugaron los condenados por delitos de lesa humanidad Jorge Antonio Olivera y Gustavo Ramón De Marchi mientras estaban en una consulta médica por orden judicial en el Hospital Militar Central de la Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: Télam
