La iniciativa impulsada por el diputado Raúl Jalil (Renovación Peronista) fue el resultado de un largo debate, donde no sólo participaron las representaciones institucionales, sino también las fuerzas vivas de los departamentos de la provincia directamente vinculados con la materia.
El legislador opositor señaló que el propio texto de la ley 5.128, en su artículo 8º, último párrafo, fija que el término para que el PEP expida la reglamentación es sesenta días. “Si bien la reglamentación se produce en tiempo y forma, nada se dice del artículo 5º de la ley. En principio, estimo, porque aparecía como innecesario, ya que la claridad conceptual del artículo de mención es taxativa”, sostiene Jalil en los fundamentos.
Al hacer mención a los alcances de lo que ordena la mencionada ley, describe que se establece que los recursos provenientes de las regalías mineras se aplicarán “única y exclusivamente” para el financiamiento de obras de infraestructura para el desarrollo económico y capacitación para actividades productivas. “Y prohíbe a los municipios financiar con ello gastos corrientes, siendo responsables y pasibles de las sanciones administrativas, civiles y penales correspondientes los funcionarios que autoricen o consientan la violación de tal prohibición. Y estipula que el Tribunal de Cuentas realizará una auditoria anual y, en caso de incumplimiento comprobado, suspenderá de inmediato el depósito de los fondos”, recordó.
Atento al texto del artículo 5º de la ley 5.128, el diputado kirchnerista considera que resulta claro cuál es el destino que deben tener esos fondos provenientes de las regalías mineras, “que no es otro que financiar obras de infraestructura para el desarrollo económico y capacitación para actividades productivas”.
“Pero a pesar de lo expuesto -prosigue- no podemos desconocer que en la práctica se han producido varios inconvenientes y dudas sobre la pertinencia en la aplicación de los mismos”, analizó Jalil.
