De esa manera deberá ser, en definitiva, la Cámara Federal la que confirme o revoque la resolución dictada el 7 de agosto último por el juez federal Claudio Bonadío, que entendió que Leiva estaba incurso en la figura contemplada por el artículo 266 del Código Penal, señalaron a Télam fuentes tribunalicias.
Esa norma castiga con prisión de uno a cuatro años al funcionario que "abusando de su cargo solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente por sí o por interpuesta persona una contribución, un derecho o una dádiva".
