El fallo favorable al recurso de amparo presentado y que robustece las esperanzas de Roberto González de incorporarse como diputado provincial fue motivo suficiente para que afloraran las diferencias internas que subsisten entre los sectores del barrionuevismo y el saadismo, que esta mañana durante la decimanovena sesión ordinaria se trenzaron en la discusión por defender y hacer prevalecer sus posturas. La confrontación tuvo como arietes principales a Edgardo Macedo, desde el bloque que responde a Ramón Saadi, mientras que el hombre de choque de los alineados con Luis Barrionuevo, fue como es costumbre, Fidel Saenz.
El tema fue objeto de debate apenas desde la secretaría parlamentaria se hizo conocer oficialmente al plenario la notificación de la resolución judicial. Macedo, fue el primero en plantear la discusión al calificar como "argumentos contradictorios y absurdos" el fallo de la Cámara de Apelaciones, observando el legislador que "se repite como fundamento de los resolutorios situaciones que no se compadecen con los hechos, donde se argumentan situaciones que no se ajustan con la verdad".
Macedo, denunció que "nuevamente se desconocen y se incumplen disposiciones expresas establecidas en materia de amparo, fundamentalmente en cuanto a lo que hace a la admisibilidad formal del amparo, en razón de que la ley 4642 de amparo establece expresamente en el artículo 2º, inciso C, que la acción de amparo no será admisible cuando existan vías previas o paralelas judiciales o administrativas que permitan obtener la protección pronta y eficaz del derecho constitucional del que se trate".
También mencionó que el artículo 5º establece los requisitos que debe reunir la acción de amparo, entre ellos se mencionan que la "demanda deberá interponerse por escrito y contendrá declaración jurada del peticionante o de la inexistencia de un reclamo similar anterior". "Por eso -acotó-, el recurso (presentado por González) no puede ser admisible porque fue violada la norma, ya que el titular del amparo había presentado previamente en diciembre del año 2001 una acción de conflicto de poderes ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia".
Seguidamente, adjudicó la situación generada "pura y exclusivamente a la responsabilidad del recurrente por haber elegido la estrategia judicial equivocada que luego como consecuencia tendría la imposibilidad de interponer otra vía recursiva como lo es el amparo, de modo que no se puede alegar la propia torpeza de haber elegido equivocadamente una estrategia judicial que generó un conflicto de poderes cuando lo lógico hubiera sido presentar esta acción de amparo".
A su entender, "formalmente este recurso de amparo no puede ser admitido por ser violatorio de la mencionada ley", insistió con preceptos constitucionales que establecen que "cada Cámara es juez de las decisiones y derechos y títulos de sus miembros". También dijo que el fallo "relativiza y subestima el cupo femenino", ratificó "la posición asumida el 7 de diciembre del 2001 por la mayoría de esta Cámara, que actuó en adhesión a la Constitución y a las leyes", y finalizó solicitando a la presidencia del cuerpo que se proceda a la casación de la sentencia emitida por la justicia.Saenz dijo que Funes no tenía título
Saenz, sin dejar de lamentar que estas disputas erosionan toda pretensión de unidad partidaria, interpretó que se trató de una "exorbitancia en la que incurrió tanto la comisión de Poderes como la Cámara de Diputados al tratarse la cuestión" durante la sesión preparatoria en diciembre del año pasado. Como se recordará, fue en aquella oportunidad en la que se analizaron los títulos de los legisladores antes de ser incorporados al cuerpo parlamentario resultando desplazado el barrionuevista Roberto González para asumir en su lugar la actual diputada saadista Liliana Funes.
"La Cámara (de Diputados) ha rebasado su capacidad analítica porque Funes no estaba incorporada en aquella oficialización, no tenía título y ni la Cámara ni la comisión podría haberse detenido en el análisis de un legislador que no tenía titulo", espetó el legislador que en aquella oportunidad también integró la comisión de Poderes.
Sin dejar de criticar la posición defendida por Edgardo Macedo a quien le refregó que los argumentos que había empleado "están desactualizados a partir de la reforma constitucional de 1994", explicando que con la misma se ganó en celeridad "con el espíritu de subsanar rápidamente los derechos afectados, públicos o individuales, contemplando vías judiciales como las utilizadas en este caso por González".
Admitió "la falencia del peronismo cuando presentó las listas", sin embargo sostuvo que "han sido vencidos los plazos y la Corte de Justicia dijo que el planteo (por el cupo femenino) es extemporáneo". En un tajante cuestionamiento al saadismo, agregó que "los planteos que no han sido presentados en tiempo y forma no pueden transformarse en interpretaciones jurídicas que perdieron vigencia".
{adr}Invocando el Tratado de Derechos Civiles y Políticos, subrayó que "las cuestiones políticas no son judiciables siempre y cuando no afecten derechos de terceros y es en esta dirección que González hace valer sus derechos" e instó al presidente de la Cámara a no utilizar las vías recursivas a los fallos judiciales "resueltos con sólidos fundamentos", señalándole al doctor Guillermo Herrera que -como máxima autoridad del cuerpo legislativo- haga un pormenorizado análisis de la resolución y que después de ello que quede a su criterio casar la sentencia, a la vez que le reclamó que haga cumplir el fallo de la Cámara de Apelaciones, lo que se entendió como una contradicción, porque al pronunciarse a favor que Herrera aplique su criterio le antepuso el reclamo para que sin mediar análisis alguno disponga el cumplimiento de la resolución judicial.
Herrera, rápidamente le contestó que "el acto que se está cuestionando es un acto del plenario de la Cámara de Diputados y no de la presidencia del cuerpo", y aclaró que la representación en juicio de la Cámara de Diputados "trabaja en el análisis de antecedentes jurídicos para articular o no el recurso de casación y agotar las instancias judiciales".
Antes, por decisión mayoritaria ya había prosperado la moción de orden que presentó Sara Ludueña de Cadó para que el asunto sea girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Judiciales y de Juicio Político, y que sea dicha comisión la que emita dictamen y aconseje al cuerpo en relación con la situación planteada. Es que la presidenta del bloque del Frente Cívico y Social, se dio cuenta que el diputado barrionuevista lo que buscaba no era otra cosa que trasladarle al oficialismo una pesada mochila que no deja de ser uno de los tantos problemas irresueltos en la sorda lucha intestina que se libra en el justicialismo.
La moción de orden vino luego de que la legisladora expresara que "pareciera que se quiere poner al Frente Cívico y Social para dirimir una interna partidaria", subrayando que "no se puede pretender que el presidente de la cámara resuelva por este cuerpo legislativo".
