Sáenz realizó una presentación judicial el 15 de abril de 2003 en el marco de un planteo del último jefe del Ejército, Cristino Nicolaides, quien era el titular del Comando de Institutos Militares, con sede en Campo de Mayo, por donde pasaron varias de las víctimas de torturas y asesinatos, según informó hoy el diario Tiempo Argentino.
En la causa, que investigaba el secuestro y desaparición en 1980 de más de 20 militantes de la organización Montoneros, el juez federal Claudio Bonadio y la Sala II de la Cámara Federal habían dictado la nulidad e inconstitucionalidad del Punto Final y Obediencia Debida a la hora de procesar al ex dictador Leopoldo Galtieri junto a otros ex jefes castrenses.
La defensa del procesado Nicolaides apeló ambas resoluciones ante el tribunal de alzada.
Al momento de los hechos, Nicolaides era el titular del Comando de Institutos Militares, con sede en Campo de Mayo, por donde pasaron varias de las víctimas.
Sáenz, en su pronunciamiento, se basó en que ambas normas (Punto Final y Obediencia Debida) eran anteriores a la reforma constitucional de 1994 que incorporó los acuerdos internacionales contra delitos de lesa humanidad.
En ese marco, el actual fiscal general en lo Criminal y Correccional sostuvo que las leyes mantenían su vigencia, por lo que se debía respetar el principio de irretroactividad de la legislación.
La información publicada hoy por el matutino Tiempo Argentino se suma a los cuestionamientos que en las últimas horas surgieron alrededor de algunos de los fiscales que el viernes lanzaron la convocatoria a una marcha para el 18 de febrero por la muerte de Alberto Nisman.
Ayer, la abogada Graciana Peñafort había denunciado en diálogo con Télam que el fiscal Sáenz es el secretario general del capítulo argentino de la organización Certal, de la que forman parte integrantes del Grupo Clarín, y que de esta manera, "forma parte de una organización de lobby de los grupos mediáticos concentrados contra los gobiernos que afectan sus intereses".
El Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina (Certal) en 2012 protagonizó un escándalo por financiar viajes de jueces a Miami para asistir a un seminario contra de la Ley de Medios. Dichos magistrados debían fallar sobre esa norma.
El escándalo por el pago de viajes a Miami a jueces y fiscales por parte de una ONG cercana al Grupo Clarín provocó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pidiera la recusación de uno de los jueces en cuestión: Francisco Horacio de las Carreras.
Fuente: Télam
