Romero dijo a esta agencia que el mismo grupo "ya había realizado otras amenazas similares en los años 2004- con una especie de collage con un mensaje intimidatorio-; en y 2011 -con llamadas telefónicas anónimas-".
Por ese motivo, las amenazas "también están siendo investigadas", afirmó; y adelantó que la semana próxima uno de los testigos "podría dar datos que ayuden a descubrir a los que se ocultan detrás de estas maniobras".
"Quieren amedrentar y asustar pero no van a poder desmoralizar a la gente porque es imposible que se frene este proceso de recuperación de Memoria, Verdad y Justicia", aseguró Romero.
El fiscal indicó que "existen redes de encubrimiento y hay unos cuantos prófugos en lo vinculado a las causas de delitos de lesa humanidad, por eso creemos que también cuentan con ese apoyo, de hecho, tener un prófugo suele ser bastante caro, así que debe haber apoyo económico también".
En esa misma línea recordó que el 5 de octubre pasado "se logró detener a una persona que estaba prófuga en esta causa, la que fue encontrada en unas cabañas en Mendoza".
"Hacía un año y medio que estaba prófugo y yo le pedí al juez que nos delegue la causa, y en tres meses lo encontramos", relató.
Romero manifestó que "el objetivo de estas acciones es entorpecer, pero el proceso que se está desarrollando en Olavarría para llegar a los responsables del terrorismo de Estado en este lugar, no va a parar, y en realidad lo que están demostrando es que están asustados porque se les termina la impunidad".
"Quieren amedrentar a los testigos pero no lo van a lograr, nosotros estamos en contacto permanente para sostenerlos y todos saben que la única forma de lograr justicia y que nunca más vuelva a pasar es avanzando en los juicios", consideró Romero.
La carta amenazante encontrada advertía que "aplicarán la inversión de la prueba" hacia los testigos y funcionarios judiciales que llevan a cabo el proceso; y señalaba: "Les aseguramos que nuestra condena será más grave que la que vuestra justicia puede aplicar y de cumplimiento efectivo".
"Partiremos del principio de culpabilidad a fin que los condenados demuestren su inocencia y contraria a la jerarquía que tiene nuestro heroico Ejército Argentino", decía el texto que intentaba entorpecer la labor del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata integrado por los magistrados Néstor Rubén Parra, Roberto Atilio Falcone y Mario Alberto Portela bajo la actuación de los fiscales Romero y Marcos Silvagni.
El expediente se elevó a juicio hace más de dos años y los imputados son el sargento Omar Antonio Ferreyra ("Pájaro"), el capitán Walter José Grosse ("Vikingo"), el general Ignacio Aníbal Verdura y el teniente primero Horacio Leites, quienes están acusados de "homicidio agravado con ensañamiento; privación ilegal de la libertad y torturas".
Todos los acusados pertenecen al Ejército y estaban asignados al regimiento de caballería mecanizada Tanques 2 que aún tiene asiento en esa localidad.
El centro de detención de Monte Peloni se estableció en octubre de 1975, en Sierras Bayas, cerca de Olavarría y pertenecía al área 1/12/124, dentro de la zona 1, en relación a la división territorial que el Ejército diseñó para llevar a cabo la represión.
Fuente: Télam
