El nuevo acto administrativo, que también fue firmado por el ministro de Gobierno y Justicia, Edmundo Jiménez, se realizó debido a la delicada salud de Herrera Molina, quien se encuentra en tratamiento médico afectado de cáncer.
Herrera Molina no dio a conocer su estado de salud en diciembre pasado, cuando renunció para acogerse al beneficio de la jubilación días después de pronunciarse el polémico fallo que absolvió a los 13 imputados en el juicio por el secuestro y desaparición de Marita Verón.
La situación de la enfermedad fue expuesta en marzo, cuando Herrera Molina presentó la acción de amparo en la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
A finales de ese mes, el tribunal anuló el decreto impugnado por el Ejecutivo y exigió un pronunciamiento explícito sobre la salud del amparista.
El Ejecutivo instó la revisión del fallo en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que el lunes pasado ratificó la solución de la Sala II de la Cámara Contenciosa.
Enterado de la decisión del gobierno, el magistrado de 70 años destacó que "ahora voy a poder jubilarme, hacer vida tranquila y concentrarme en la curación de mi enfermedad".
Tras el polémico fallo, el caso por la desaparición de Marita Verón atravesó por diferentes etapas ya que la Justicia detuvo cautelarmente el proceso de remoción de los jueces impulsado por Susana Trimarco en la Legislatura provincial.
El caso llegó a la Corte Suprema provincia, que debe revisar la sentencia absolutoria y se conoció un informe del ministerio fiscal que considera que en el juicio oral "se presentaron las pruebas necesarias para ordenar la detención de los acusados" absueltos por la Sala II de la Cámara Penal.
En abril, otro camarista de la Sala II de la Cámara Penal, Alberto Piedrabuena, siguió los pasos de su compañero Herrera Molina y dimitió para jubilarse, trámite que también fue rechazado por el Ejecutivo.
Esa resolución dio lugar a otro juicio y a otro fallo adverso al Gobierno, esta vez en la Sala I de la Cámara Contenciosa.
Fuente: Télam
