La diputada provincial, Lucía Martínez(FCyS) expresó que con el proyecto de ley de protección integral a las personas de la tercera edad, que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados el miércoles pasado y fue remitido al Senado para su tratamiento,“se pretende dotar a nuestra provincia de una herramienta legal que sirva de marco para la construcción de políticas públicas que generen abordajes en una cuestión que como nunca antes en la historia de la humanidad se viene dando”, y señaló que en los últimos cien años esta temática“se está transformando en uno de los impactos más asombrosos que la sociedad global deberá encarar muy rápidamente, siendo tal vez tiempo de transferir oportunamente la experiencia que está gestándose en el mundo desarrollado”
Martínez observó que en la Argentina“existe una falta de adecuación en el diseño de algunas políticas y programas destinados a ancianos, fundamentalmente en los dirigidos a satisfacer el derecho a un desarrollo de un modo de vida autónomo, en condiciones de seguridad y que muchas veces es la causa de la institucionalización”
En el artículo 8º de la iniciativa plantea que el Estado Provincial debe garantizar el acceso a viviendas adecuadas a las personas mayores destinando para ello un porcentaje de los planes habitacionales, argumentando que“la carencia de vivienda constituye un obstáculo insalvable para personas mayores que desearían mantener hogares independientes, siendo una de las causas de internación en hogares para ancianos pobres”, y apuntó que la institucionalización“no sólo provoca la pérdida de autonomía, sino también la creciente pérdida de capacidad funcional”, y plantea“la posibilidad de viviendas tuteladas, destinadas a ancianos que no pueden cuidar de sí mismos, que se encuentran solos y desprotegidos”
El Estado, la familia y las ONG
Destacando que es necesaria la acción de todos los sectores para desarrollar alternativas saludables y racionales, la iniciativa indica que el Estado“deberá encarar con eficacia la regulación de los servicios sociales, garantizando su adecuada cobertura económica y de salud” En lo que respecta a las competencias del sector privado sostiene que“debería reconvertir la actual oferta de servicios y desarrollar nuevos sistemas, tendiendo a satisfacer las demandas que genera la evolución demográfica”, mientras que cabe a las organizaciones no gubernamentales“facilitar la disponibilidad de servicios comunitarios apropiados, para mejorar la calidad de vida de los ancianos en su medio local”
En lo que respecta al rol de la familia, la legisladora puntualiza que“debería continuar ofreciendo su insustituible sostén afectivo y funcional, en el marco del respeto de las decisiones que las personas mayores toman acerca de su propia vida”, incluyendo en este contexto también que“los propios ancianos, tendrían que ejercer activamente su plena autonomía, tomando las decisiones más convenientes para el autocuidado responsable de su salud y bienestar”
Consideraciones generales
Martínez, consideró importante advertir que mediante el desarrollo económico cambió radicalmente el sistema de relaciones dentro de la sociedad y que la movilidad territorial no tiene el mismo efecto en la composición de las distintas poblaciones del mundo.“Así las generaciones sexualmente activas tienen menos cantidad de hijos y como se redujo notablemente la tendencia de grandes sectores a emigrar, el resultado es que aumenta proporcionalmente el índice de personas ancianas en el número de habitantes de un país”, dijo y consideró que este dato“plantea todo un desafío”para las capas dirigentes de la sociedad y manifestó que“alguna de las consecuencias de este envejecimiento poblacional ya se dejaron notar durante la década de los años ´90 en Latinoamérica, es el caso del agotamiento de los sistemas de jubilación y su reemplazo por los privados”
“Para el futuro del próximo milenio, el riesgo es no tomar en cuenta que se avecina otro agotamiento en los sistemas privados, si la expectativa de vida se incrementa al ritmo actual, porque ya nos e hablará solo de ancianos de más de sesenta años, sino que habrá otros grupos de más de ochenta e incluso será importante el de los centenarios”, enfatiza Martínez y explicó que“con los sistemas de protección actuales no habrá cobertura suficiente para que las instituciones se hagan cargo del mantenimiento de un sector poblacional en constante aumento”, y manifestó que en medio de esta realidad,“aparecen detalles que ya se perciben en la atención de la tercera edad, no hay especialistas en cantidad y calidad para ocuparse del problema”
Proyecciones nacionales
La legisladora, destacó que nuestro país transita una fase intermedia de envejecimiento poblacional sin alcanzar un estado avanzado y delineó algunas diferencias demográficas regionales, provinciales y de estratos sociales. Al respecto, señaló que la región Centro - Litoral“es la región más envejecida, que a su vez es la zona de mayor desarrollo socioeconómico y en la que se efectuó el más intenso y temprano control de natalidad. Se acerca a sus valores, la región de Cuyo, mientras que la región del Noroeste“tiene una estructura madura, debido al éxodo de su población activa”
Al contemplar tres franjas de diferentes edades y realidades, analiza que en Catamarca, en particular, existe una franja bastante amplia de personas entre los 55 y los 65 años de edad denominados adultos mayores, seguidos por las personas de más de 65 años o tercera edad y los de edad avanzada, de más de 80 años.“Esta caracterización debería tenerse en cuenta al momento de formularse políticas públicas para el sector, ya que las realidades y necesidades son diferentes”, acotó.
Otras cifras, expuestas en los fundamentos del proyecto revelan que a escala nacional el 17,5 % de los ancianos viven en hogares unipersonales aumentando esta proporción en las mujeres mayores de 65 años, alcanzando el 22%. Esta situación no se da por abandono sino por opción de residencia en contextos unigeneracionales, aunque persiste la presencia de mujeres longevas en familias extendida. En general el envejecimiento provoca transformaciones familiares.“En zonas urbanas donde es más alta la tasa de envejecimiento es indispensable que el anciano tenga ingresos propios a diferencia de los contextos rurales donde es posible desarrollar economías de subsistencia”, se remarca en el texto.
(Prensa Diputados)
