Según el artículo 1 del decreto que se difundió durante el sorpresivo acto que Cristina Kirchner encabezó en la Casa Rosada, recibirán el beneficio "aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en la República Argentina, que no tengan otra asignación familiar prevista por la ley 24.714 y pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal".
La medida se financiará con fondos de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) y tendrá un costo fiscal cercano a los 10.000 millones de pesos.
"Este es el sistema más redistributivo y más justo, porque paga por cada uno de los hijos, sin distinción", aseguró exultante la Presidenta. Enseguida, añadió: "El trabajo decente es el único instrumento para combatir y erradicar la pobreza y hacia eso vamos".
"A todos". En el inicio de su mensaje, que fue antecedido por la lectura del decreto que dispone la creación del nuevo ingreso y por un largo aplauso, la Presidenta planteó el alcance de la medida: "La ampliación de este beneficio llegará a los hijos de desocupados y a sectores de la economía informal y no tiende a competir en el mercado laboral quitando mano de obra".
Además, planteó que "los recursos de los trabajadores son los que deben sostener a los que todavía no han conseguido trabajo".
En un intento por anticiparse a las previsibles críticas de la oposición, Cristina Kirchner admitió que la asignación es "un paliativo". "Que quede claro: el objetivo de este Gobierno y de esta Presidenta va a seguir siendo la creación de trabajo genuino", afirmó. Y completó: "Esto no va terminar con la pobreza, pero va a servir como paliativo para quienes todavía no tienen trabajo".
El cobro
Hacia el final, la Presidenta dio detalles de cómo se implementará el cobro del beneficio. Según indicó, cada mes los padres recibirán el 80 % de la asignación. El 20 % restante se cobrará, acumulado en el mes de marzo, a cambio de un certificado de escolaridad del año anterior. Con ese intercambio, el Estado busca asegurarse de que los beneficiarios asistan a la escuela y se hagan controles periódicos de salud, dos requisitos básicos para acceder a la asignación.
El ministro de Economía, Amado Boudou, fue el encargado de justificar que, una vez más, el Gobierno recurra a fondos de la Anses. "Cuando uno ve un proyecto de casi 10.000 millones de pesos anuales, hay que ser muy cuidadoso", planteó. En este punto, arremetió contra la oposición. "Los otros proyectos hablaban de erogaciones, pero no de dónde iban a salir los recursos. Este, en cambio, incluye tanto las erogaciones como los recursos, que son los que produce el fondo de garantías de la Anses", precisó. Aseguró que el nuevo gasto "no afecta a los jubilados".
En lo que va del año, el monto de las emisiones de deuda suscriptas por el organismo superó los $ 14.800 millones.
Voluntades. También Cristina Kirchner apuntó contra la oposición. "Por suerte tuvimos las voluntades de quienes supieron evitar la oposición por la oposición misma y apoyar algo que había sido demandado por muchos sectores políticos", chicaneó.
Con el anuncio, el Gobierno volvió a tomar la delantera respecto de un tema que estaba al tope de la agenda de la oposición. De hecho, la semana pasada, Elisa Carrió y Gerardo Morales se habían reunido con monseñor Jorge Casaretto para hacerle conocer su proyecto para implementar un sistema similar al que se lanzó hoy. El proyecto también se asemeja al que desde hace años promueve la CTA. No obstante, esas propuestas contienen una diferencia sustancial respecto de la del Gobierno: impulsan la extensión del beneficio a todos los menores de 18 años. La medida anunciada hoy alcanza sólo a desocupados y trabajadores en negro y deja afuera a asalariados en blanco.
De la ceremonia participaron gobernadores, intendentes y sindicalistas encabezados por Hugo Moyano. También estuvieron en la Casa Rosada Luis D´Elía, la dirigente piquetera jujeña y líder de Tupac Amaru, Milagro Sala, y representantes de Abuelas de Plaza de Mayo.
Fuente: La Nación.
