Según se informó a través de un comunicado de prensa de esa secretaría, entre los convocados por Fresneda también se encuentran el gobernador de la provincia, José Manuel de la Sota, y el juez federal interviniente.
En ese sentido, informaron que "se buscará resolver cuál será el destino del establecimiento carcelario más antiguo de la provincia en el que se cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar y que en el mes de mayo fue cerrado por el gobierno provincia".
Se trata de la unidad penal que pasó a integrar el engranaje del plan sistemático de terror y exterminio ejecutado por la última dictadura que, en la provincia de Córdoba, dependió del Comando del Tercer Cuerpo de Ejército, al mando del entonces general Luciano Benjamín Menéndez.
Según testimonios de sobrevivientes obrantes en los archivos Nacional y Provincial de la Memoria y en causas judiciales, después del golpe cívico-militar se agravaron las condiciones carcelarias y los presos políticos fueron sistemáticamente sometidos a torturas, en condiciones comparables a las de los centros clandestinos de detención, de donde provenían en su mayoría aquellos que fueron "legalizados" en este penal tras su secuestro en "La Perla", "Campo de la Ribera" o el Departamento de Informaciones de la Policía cordobesa (D-2), entre otros campos clandestinos de reclusión.
En diciembre de 2010, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Córdoba condenó a 23 militares y policías responsables por los crímenes de lesa humanidad vinculados con esta unidad penitenciaria. Un total de 16 represores recibieron penas de prisión perpetua, entre ellos el propio Menéndez y el dictador y ex presidente de facto, Jorge Rafael Videla.
La UP1 fue también utilizada para el alojamiento de detenidos por razones políticas luego del golpe de Estado de 1955 y durante los primeros años de la década del ´60, con la implementación del Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado) entre 1958 y 1963, que suspendió las garantías constitucionales y posibilitó el encarcelamiento ilegal y la tortura de militantes políticos, sindicales y estudiantiles, a través de decretos del Poder Ejecutivo y consejos militares de guerra.
En el mes de diciembre del año 2014, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a través de la Red Federal de Sitios de Memoria, señalizó la Unidad Penitenciaria Nº1 en la Ciudad de Córdoba, por su funcionamiento durante la última dictadura cívico militar.
Fuente: Télam
