Esta será la tercera vez que el máximo tribunal del país se pronuncie sobre esta disputa limítrofe, ya que lo hizo con anterioridad en los ’80 fallando en ambas ocasiones a favor de los derechos territoriales de Salta.
Sin embargo, la solución definitiva a esta controversia la tiene el Congreso Nacional, a quien la Constitución atribuye en exclusiva la facultad de fijar la línea interprovincial, como cualquier otro límite entre provincias.
Por tal motivo, el diputado nacional por Catamarca, Genaro Collantes, presentó un proyecto de resolución en el que solicita "al Poder Ejecutivo Nacional, para que a través de los organismos que corresponda, disponga en forma urgente, que el Instituto Geográfico Militar, realice el amojonamiento de los límites entre las provincias de Salta y Catamarca".
El proyecto se encuentra en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, pero para comenzar su análisis debe esperar que se pronuncie la Corte Suprema. En marzo de este año Catamarca solicitó a la Corte una medida cautelar para que Salta se abstenga de "continuar otorgando derechos mineros" en el "área fronteriza" entre ambas provincias.
En la medida cautelar exigen la adecuación del Registro Cartográfico Minero en los límites interprovinciales oficiales y advierten sobre futura "iniciación de acciones penales por daños y perjuicios al estado catamarqueño".
En la presentación del Fiscal de Estado, Simón Hernández, ante la Corte advirtió que "Salta sin fundamento legal, avanzó sobre el territorio catamarqueño, disponiendo de recursos naturales como si fueran propios, lo que trae consecuencias nocivas, no solo en lo económico, sino en la afectación del medio ambiente y ecosistema".
En tanto, desde el Ejecutivo salteño esperan que el máximo tribunal se expida en la cuestión de fondo. "Vamos por la vía que corresponde, que es la justicia, para evitar roces entre gobiernos provinciales que no van a llevar a nada", expresó el secretario de Gobierno de Salta, Cristóbal Cornejo, en declaraciones formuladas a los medios salteños.
Las afirmaciones de Cornejo fueron formuladas en mayo, cuando anunció la presentación ante la justicia de este conflicto limítrofe, tras lo que las autoridades salteñas decidieron no hacer declaraciones hasta que la justicia se expida, según informaron fuentes del Ministerio de Gobierno provincial.
"Por ahora, más allá de la instalación de un puesto precario no se ha corroborado que policía catamarqueña esté trabajando en el lugar", ya que no hay personal de esa fuerza de la vecina provincia, lo que quedó plasmado en una acta firmada por escribano público.
En 2007 el conflicto limítrofe entre Salta y Catamarca se reeditó ante la resolución del juez de mina salteño, Daniel Marchetti, quien concesionó la mina Cerro Bayo a la Empresa Silver Standar.
La mina en cuestión había sido cedida por el Juez de Minas de Catamarca, Raúl Cérda a la Empresa Minera Aguas Blancas S.A., cuyo propietario es el licenciado Luis Manuel Alvarez.
Catamarca advirtió que la mina Cerro Bayo está dentro del actual territorio de Salar del Hombre Muerto, inserto en el departamento Antofagasta de la Sierra, por lo que "Salta no tiene facultades para emitir concesiones en la zona".(Telam)
