Ese decreto ordenaba al BCRA transferir al Tesoro Nacional 6.569 millones de dólares con el fin de integrar el ya desaparecido Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad.
La desestimación fue solicitada por el fiscal federal Carlos Rívolo, en un dictamen en el cual sostuvo que mal podía haber una omisión dolosa cuando el DNU 2010 no estableció una fecha fija para hacer la transferencia, lo que impide hablar de un incumplimiento en tiempo y forma.
El fiscal tuvo en cuenta también que la Gerencia Principal de Estudios y Dictámenes Jurídicos del BCRA, aconsejó al Directorio se aguardase la intervención del Congreso previo a concretar la transferencia de divisas ordenada por DNU.
Rívolo advirtió el "posible conflicto normativo" entre la orden del Poder Ejecutivo y la ley que estableció la Carta Orgánica, que otorga al Banco Central autonomía y facultades propias, cuya solución correspondía al fuero Contencioso-Administrativo Federal.
Señaló, además, que esa situación colocó a Redrado en una difícil posición acerca del curso de acción a seguir.
Rívolo también consideró que no puede hablarse de abuso de autoridad (artículo 248 del Código Penal) por el incumplimiento de un decreto emanado del Poder Ejecutivo Nacional, por no tratarse de una "ley" en sentido formal, emanada del Poder Legislativo, no desconociendo las características constitucionales de los DNU.
El fiscal consideró que "no es este fuero penal federal el que se encuentra facultado para dilucidar dicho interrogante".
Fuente: Infobae.com
