"Ante un conflicto por la tierra, cualquier acción que se realice -como en este caso- fuera de la legislación vigente, resulta un accionar inadmisible", argumentó.
El comunicado recordó que Ferreyra integraba la comunidad Ashka Kaiku, del Pueblo Lule Vilela; era miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina (Mocase-VC) y vivía en la localidad de San Antonio.
"El 16 de noviembre de 2011 fue baleado cuando intentó resistir al desalojo violento de las familias asentadas en las tierras comunitarias en esa localidad, por parte de seis hombres armados, presuntamente bajo las órdenes del empresario rural Jorge Ciccioli", recordó.
La Secretaría de Derechos Humanos subrayó que "en un Estado de derecho, en el que se ha avanzado en conquistas y participación para los pueblos indígenas y campesinos, los conflictos por la tierra deben resolverse en el marco legal".
"En la provincia de Santiago del Estero se ha cumplido con el relevamiento territorial previsto por la Ley 26.160, en 55 comunidades, incluida la comunidad a la que pertenece la familia Ferreyra. Ello significa un gran avance en el reconocimiento a la ocupación actual, tradicional y pública de las comunidades en sus territorios", expresó.
Fuente: Télam
