"La emergencia en seguridad decretada por el Gobierno provincial en 2014, implicó también un aumento considerable del ejercicio de la violencia policial, que se refleja cotidianamente en prácticas como las detenciones arbitrarias y en el uso letal de la fuerza", afirma la Comisión en un comunicado.
Destaca que "la estrategia de saturación territorial con la presencia de efectivos y patrulleros en los barrios pobres de las periferias urbanas ha generado restricciones en la circulación por el espacio público de un sector de la población estigmatizado como peligroso, lo que a menudo da lugar a situaciones de hostigamiento, maltrato y persecución por parte de la policía".
Familiares víctimas de la violencia policial de todo el país, organizaciones sociales de lucha contra la violencia policial y penitenciaria, y referentes del movimiento de derechos humanos acompañarán el acto.
Además, estarán presentes representantes de los mecanismos de prevención de la tortura de las provincias de Chaco, Mendoza, Salta y Río Negro.
Adolfo Pérez Esquivel, co-presidente de la CPM, expresó que "la lucha por los derechos humanos no tiene que ver sólo con lo que pasó durante la dictadura sino también con lo que pasa hoy. No puede haber tortura en democracia y por eso hay que denunciarlo. Los gobiernos deben escuchar y tomar medidas. Los derechos humanos, como la democracia, no se conquistan de una vez y para siempre; son el resultado de la lucha permanente de los pueblos".
Desde el 2003, la CPM viene realizando un trabajo de monitoreo sistemático en lugares de encierro, y también analizando, proponiendo y participando activamente del debate en torno a las políticas de seguridad en la Provincia.
Roberto Cipriano García, miembro de la CPM, afirmó que "el Informe Anual 2015 da cuenta de la crueldad de las políticas penitenciarias, de seguridad, de niñez y de salud mental, políticas regresivas en materia de derechos humanos que apelan a discursos demagógicos y soluciones fáciles que no resuelven los problemas sino que los agravan. La tortura es una práctica sistemática, y la muerte de pibes jóvenes una consecuencia inevitable de la desatención sanitaria y las violencias. Para estos sectores pobres captados por el sistema penal, no hay derechos".
La CPM precisa en un comunicado que "nunca hubo tanto presos como en la actualidad. Este es el resultado más preocupante de la política criminal impulsada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que ha desencadenado una grave crisis en materia de derechos humanos. Pero no es el único dato alarmante".
"A los indicadores de prisionalización se le suman otros vinculados al agravamiento de las condiciones estructurales de hacinamiento y superpoblación, y las prácticas de tortura que siguen siendo sistemáticas", sostiene.
Fuente: Télam
